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BCR esperará a investigación de Fiscalía para determinar futuro de funcionarios detenidos

Funcionarios requeridos por la Fiscalía serán sustituidos de forma interina mientras se resuelve la situación jurídica

Hasta que se defina la situación jurídica de los seis funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) detenidos por el Ministerio Público este viernes en la investigación del caso del cemento chino, la entidad tomará una decisión sobre su futuro en la institución.

El director jurídico del BCR, Eduardo Ramírez, explicó que es necesario conocer las medidas que impondría la Fiscalía para determinar el procedimiento que se lleve a cabo.

El abogado evitó referirse a qué clase de proceso se enfrentarían los funcionarios, incluido el gerente general interino Leonardo Acuña, o si se les despediría. Esto hasta conocer lo que resuelva el Ministerio Público.

Por su parte, el presidente del BCR, Abel Salas, indicó que el próximo lunes la Junta Directiva tomará decisiones en torno al cargo de gerente general.

Mientras esto ocurre, el Banco activó un protocolo para sustituir a las personas detenidas, de tal manera que un equipo interino se encarga de las labores mientras se resuelve el futuro.

Además de Acuña fueron detenidos el subgerente de Banca Minorista, Marvin Francisco Corrales Barboza; el subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez Lizano; el gerente corporativo de Riesgo y Control Interno, Gilbert Barrantes Campos; y otro funcionario de apellido Ramírez.

Las oficinas del BCR también fueron allanadas por las autoridades.

El presidente del Banco hizo un llamado a la calma a los clientes y aseguró que la entidad funciona con normalidad de acuerdo con los indicadores.

Las detenciones se produjeron este viernes poco después de que durante la madrugada se capturara al empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.

A los funcionarios del banco se les detuvo por supuesto delito de peculado (malversación de fondos), mientras que al empresario se le investiga por esa misma falta, así como tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito, según detalló la fiscal general interina, Emilia Navas Aparicio.

La alta gerencia del ente es cuestionada por la aprobación de dos créditos por $30 millones que otorgaron a Sinocem Costa Rica.