Futuro de magistrados cuestionados por caso del cemento chino quedará en manos de Emilia Navas

El futuro de los cuatro magistrados de la Sala de Casación Penal que son cuestionados por haber desestimado una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino quedará en manos de la fiscala general Emilia Navas Aparicio, quien tiene a su cargo una investigación en curso a raíz de una denuncia presentada el 30 de octubre de 2017.

Precisamente esa pesquisa, por el presunto delito de prevaricato, es la última esperanza que tiene el secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), Álvaro Rodríguez Zamora, en su afán de que se recupere la confianza en el Poder Judicial, la cual mermó a partir de los escándalos de corrupción que giran alrededor de su cúpula.

"Tengo algún grado de frustración porque esta es apenas la primera batalla, falta la más importante", dijo el líder sindical la mañana de este jueves en el programa Nuestra Voz, al referirse a las amonestaciones la Corte Plena impuso a los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Doris Arias Madrigal, Jesús Ramírez Quirós y María Elena Gómez Cortés.

Para el dirigente gremial, confianza en el Ministerio Público creció a partir de la llegada de Navas a la jefatura para sustituir a Jorge Chavarría Guzmán, quien se acogió a su pensión el 1 de diciembre del 2017, en medio de una suspensión y de constantes críticas de los diputados de la Asamblea Legislativa.

"Estamos teniendo respuesta, en teoría, positiva sobre ese tipo de accionar que debe tener la Fiscalía. Nosotros somos respetuosos del debido proceso, igual respetamos lo de ayer y lo de anteayer (miércoles y lunes, respectivamente, días en los que la Corte Plena sesionó) y lo vamos a revisar concienzudamente. Nos queda la atención más marcada que antes sobre lo que venga ahora en lo que al Ministerio Público se refiere, estamos hablando de la misma situación, los mismos hechos y el mismo tipo de acuse", indicó el síndico.

"Para que usted lo sepa, una compañera de la Asesoría Legal de ANIC fue a revisar los expedientes en el Ministerio Público y están caminando como tienen que caminar. Sólo había algunas solicitudes que hizo don Celso (Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala Tercera destituido) y por lo demás tiene un proceso normal. No vemos ese rezago que pudimos haber tenido, tal vez, en la otra administración porque ésta lo está manejando normalmente", añadió Rodríguez.

Justamente todos esos elementos dan al secretario general de la organización sindical denunciante una expectativa "positiva de que vaya haber un resultado más claro sobre los mismos hechos que ayer (miércoles) enlutecen al país por la opinión y la confianza que se perdió aún más en el Poder Judicial".

Chinchilla y los demás jueces fueron librados de una sanción severa y solo recibirán una amonestación por escrito a raíz de la cuestionada desestimación de una contra los legisladores del periodo anterior por presunto tráfico de influencias en el sonado escándalo de corrupción que salpicó los tres Supremos Poderes de la República, según lo resuelto por la Corte Plena el miércoles en una maratónica sesión extraordinaria que se llevó a cabo a puerta cerrada por tratarse un asunto disciplinario.

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A los cuatro magistrados, la Corte Plena acordó abrirles una causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por ANIC, la cual denunció que los jueces desestimaron una investigación contra los Guevara y Morales a pesar de que una prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cientos de contactos telefónicos de los excongresistas con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.

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El informe de la Policía Judicial evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales son 184.

Dicha desestimación ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la desestimación y el lunes fue suspendida dos meses sin goce de salario.

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Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, dicha desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.

La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.

Un mes después de que se reabrió el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala allanó las oficinas y viviendas de ambos como parte de la investigación.

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