Jerarca jurídico del BCR asume Gerencia General tras detención de funcionarios por caso del cemento

El gerente jurídico del Banco de Costa Rica (BCR), Eduardo Ramírez, asumirá a partir de este lunes la Gerencia General de la entidad, la cual quedó vacía luego de la detención de funcionarios como parte de la causa relacionada con el crédito para la importación del cemento chino.

El abogado permanecerá de manera interina en ese puesto mientras se mantengan las medidas cautelares impuestas por el Ministerio Público a sus predecesores, Mario Barrenechea, quien se encontraba suspendido, y Leonardo Acuña que se desempeñaba de manera provisional.

Además de Ramírez, la Junta Directiva del BCR también nombró a Jorge Alvarado y Álvaro Vindas como subgerentes.

"Estamos muy satisfechos con estos nombramientos, son personas muy identificadas con la institución y estamos convencidos que el equipo de personas asignadas para asumir esta responsabilidad tiene el conocimiento, la experiencia y la disposición necesaria para trabajar con un fin en mente claro", indicó el presidente de la entidad, Abel Salas.

Ramírez Castro tiene 26 años de laborar en el Banco, de los cuales suma 20 como gerente corporativo jurídico.

El resto de gerentes son Henry Gutiérrez en Operaciones, Renán Murillo en Crédito.

Leonardo Acuña, sustituía a Mario Barrenechea, quien a su vez había sido suspendido mientras era investigado por vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños. Ambos fueron detenidos el viernes anterior por orden del Ministerio Público y se les impuso tres meses de prisión preventiva.

También se les impuso esta medida cautelar a otros funcionarios de la entidad. Se trata del subgerente de Banca Minorista, Marvin Francisco Corrales Barboza; el subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez Lizano; el gerente corporativo de Riesgo y Control Interno, Gilbert Barrantes Campos; y el director de gestión de créditos de apellidos Ramírez Rodríguez.

A los investigados se les detuvo por supuesto delito de peculado (malversación de fondos). Ellos son cuestionados por la aprobación de dos créditos por $30 millones que otorgaron a Sinocem Costa Rica.