Gobierno, Congreso y Sala IV irrespetan fallo sobre fertilización in vitro, alega abogado

Los tres Poderes de la República -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- incumplen con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado costarricense aplicar la fertilización in vitro y garantizar esta técnica en el país, así lo afirma el abogado, Hubert May, quien representa a varias parejas por este caso.

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May envió el pasado 10 de julio un oficio a la CIDH para pedir a este organismo que declare oficialmente el incumplimiento del país en poner en práctica la Fertilización In Vitro (FIV).

El 20 de diciembre del 2012 la CIDH condenó a Costa Rica por mantener prohibida la fertilización in vitro desde el 2000 y ordenó implementarla en un año. Este plazo se cumplió hace casi seis meses.

De acuerdo con May, el Poder Ejecutivo irrespeta el fallo debido a que puede ejecutar acciones a través de un decreto para que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otras instituciones empiecen con la implementación de la técnica FIV en el país.

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En cuanto al incumplimiento del Poder Judicial, May argumenta que la Sala Constitucional tiene la potestad legal de referirse a los recursos de amparo presentados por parejas que necesitan de la FIV para tener un hijo en el país y que no pueden acceder a la técnica por los atrasos del Estado. "La Sala IV puede ampararse en la sentencia de la CIDH para resolver", agregó May.

En el caso del Poder Legislativo, el incumplimiento se debe a que tienen la potestad de crear una ley para permitir la fertilización, pero no lo han hecho.

Una vez que se emitió la sentencia -hace casi año y medio- el Gobierno le apostó a un proyecto de Ley construido por el Ministerio de Salud que fue enviado a la Asamblea Legislativa, pero que a la fecha no ha avanzado.

Por el contrario, en el Congreso también existen otros proyectos que lejos de hacer cumplir la orden de la CIDH más bien buscan prohibir la fertilización in vitro.

Tal es el caso del proyecto de Ley 18.824, el cual según May violenta los derechos humanos de las personas que deseen tener un hijo sin la necesidad de casarse.

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El abogado envió la solicitud a la CIDH y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de que se emitan medidas de presión contra el Estado, para que se respete la sentencia que establecía un plazo de un año para que la FIV se aplicara en el país.