La presidente Laura Chinchilla calificó la huelga nacional de este lunes,como una protesta "de pocos", que generó "mucho daño".
En su cuenta oficial en Facebook, la mandataria dijo que sólo se manifestaron cuatro mil de los 255 mil funcionarios públicos que tiene el país.
Sin embargo, escribió la mandataria, las manifestaciones de esos grupos ocasionaron un caos vial en el centro de San José, la suspensión de cientos de citas médicas y cirugías, y la paralización de los puertos en Limón.
Para Chinchilla las causas que aducen los manifestantes "no justifican estos desplantes ni el daño causado", pues algunas de ellas son "vagas o inexistentes y otras absolutamente injustas".
La mandataria a su vez agradeció a los funcionarios que no se ausentaron de sus funciones mediante su cuenta oficial que Twitter.
Tan sólo cerca del 2% de empleados públicos fueron a paro el día de hoy. Mi reconocimiento a los más de 250 mil q trabajan por Costa Rica.
— Laura Chinchilla M (@Laura_Ch) November 12, 2013
Chinchilla también dijo que "los jerarcas de las instituciones públicas pondrán en marchas los mecanismos legales para descontar el salario a quienes no trabajaron".
En ese sentido el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, aseguró que el gobierno analiza acudir al Juzgado de Trabajo para solicitar declarar como ilegal la huelga nacional de este lunes. De obtenerse esa declaratoria, adujo Roverssi, la administración contará con el mecanismo jurídico para hacer las rebajas salariales.
Según el Ministro de Educación, por principio se les debe rebajar el día a quienes marcharon.
Según Roverssi esta semana definirán si es procedente esta medida y en cuáles instituciones se aplicará directamente, puesto que el jerarca de cada una de ellas debe acudir al Juzgado a solicitar la declaratoria.
Sin embargo, el abogado laboralista Eric Briones asegura que en este caso la protesta no se puede catalogar como un huelga.
Este lunes, motociclistas y trabajadores de la educación y el la medicina marcharon desde diferentes puntos de la capital contra medidas o planes del Gobierno.
Las medidas más criticadas fueron el aumento en el seguro obligatorio de automóviles, el nuevo plan fiscal que impulsa la administración Chinchilla y el traslado para su administración, de 45 Ebais a una universidad privada.
