Gobierno gestiona ante juzgados de Trabajo ilegalidad de huelga contra reforma fiscal

El Gobierno de la República gestiona una solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga que organizaron este lunes las organizaciones sindicales contra la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.

A través de un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo reiteró su intención de apegarse al marco legal para proceder con sanciones contra los funcionarios que participaron del movimiento que deja centenares de citas médicas perdidas, servicios suspendidos y calles bloqueadas.

De acuerdo con el anuncio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) inició el trámite este lunes presentando una solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar ante un juzgado de Trabajo que se declare ilegal el paro.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por su parte, gestionaron directamente el pedido.

Se espera que en horas de la tarde hagan lo propio la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), comunicó el Poder Ejecutivo.

El viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, indicó que la postura del Gobierno se da en estricto apego a la Reforma Procesal Laboral, la cuál, según aclaró, delimita "de forma clara el procedimiento a seguir antes de iniciar una huelga", el cuál habría sido incumplido.

El Código de Trabajo en su artículo 383 establece que "laparte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar, ante la jurisdicción de trabajo, la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en los artículos 371, 377 y 381 de este Código".

Además, el Gobierno argumenta que el paro es injustificado debido a que se encuentran abiertos los canales de negociación, sin embargo, los sindicatos aducen que tal contexto no existe pues piden que la reforma fiscal se concrete mediante una mesa de diálogo.

Desde horas de la mañana empleados de distintas instituciones se sumaron al movimiento, el cual no se concentró solamente en San José como es habitual, sino que tomó puntos estratégicos en todas las provincias.

La coalición conformada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y Patria Justa se oponen a la tramitación del expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y en su lugar proponen un plan de contingencia, como ocurrió en con una experiencia vivida en la administración de Abel Pacheco.

Fotografía de Alberto Zamora, Alonso Mata y ANEP.