Gobierno está obligado a girar recursos a instituciones con superávit

transferencias37 mandatos legales o constitucionales impiden al Gobierno reducir o suspender transferencias en caso de superávit

Al menos 15 instituciones públicas que han registrado un superávit de 2009 a 2013, han recibido dineros del Estado por mandato legal o constitucional. Así lo sistematizó un estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, que analizó los destinos específicos del gasto del Gobierno Central.

El Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (FODESAF) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) son las dos instituciones que registraron transferencias más altas con ¢213.835 millones y ¢126.265 millones respectivamente en el año 2013, a pesar de que ambas entidades registraron superávits de ¢28 mil millones y ¢61 mil millones.

En algunos casos, el superávit incluso fue mayor a la transferencia, como es el caso del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), donde éste fue 2 veces superior al dinero girado por el Estado.

En el caso de FODESAF y el CONAVI los destinos específicos representan un 43,1 por ciento y 51 por ciento de sus ingresos, mientras que en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual registra un superávit elevado, las transferencias equivalen al 0,9 por ciento, es decir, no tienen tanta importancia relativa.

Según cita el estudio, lo anterior refleja un “grado bajo de ejecución de los recursos y cuestiona la necesidad de mantener obligaciones permanentes por montos que no son coherentes con el nivel de uso de esos recursos”.

Por el contrario, la directora Ejecutiva de FODESAF, Amparo Pacheco, explicó que los superávits del fondo responden a que los ingresos que reciben anualmente son variables: un porcentaje (5%) correspondiente a la planilla de todos los trabajadores del sector público y privado y la principal transferencia desde el Ministerio de Hacienda que equivale a 593 mil salarios base utilizados por el Poder Judicial.

directora ejecutiva de fodesaf, amparo pacheco

Esto ocasiona que, por lo general, los ingresos percibidos sean superiores a la estimación de ingresos que realizan cuando elaboran el presupuesto anual.

El Departamento de Finanzas del CONAVI, por su parte explicó por medio de la oficina de prensa, que los superávits de la institución son acumulativos y éstos se reintegran al presupuesto del año siguiente. Es decir son recursos que se gastan en el periodo siguiente en obras.

Sin embargo, a criterio de la economista Edna Camacho, quien elaboró el análisis, el hecho de que los recursos estén comprometidos no implica que no son sobrantes, especialmente cuando se registran superávits año con año.

Economista, Edna Camacho

Camacho agregó que esto es indicador de un problema de ejecución de recursos, ya que si una entidad registra sobrantes al final de un periodo de manera recurrente, se podría deducir que no necesita toda la transferencia que se está obligando al gobierno a darle.

Problema añejo

En total existen 37 leyes y cuatro mandatos constitucionales que han creado obligaciones de gasto con destino específico para el Gobierno. Algunas incluso datan de 1957, aunque la mayoría proliferaron del año 2000 a 2009.

A criterio de Camacho, este es un problema que representa un peso para las finanzas públicas.

Muchas de las leyes crearon obligaciones sin generar las fuentes de financiamiento. “Cada cinco que se gasta es un cinco que va a el déficit”, aseguró la economista.

A esto se suma que no se han creado mecanismos de evaluación de la utilización de los recursos.

ECONOMISTA, EDNA CAMACHO

El pasado martes, en el programa Nuestra Voz, el viceministro de egresos, José Francisco Pacheco, anunció que en marzo presentaran un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para recuperar, precisamente esos dineros ociosos que el Estado transfiere a las instituciones y éstas no ejecutan.