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Gobierno de Ortega rechaza propuesta de obispos de invitar a organismos de derechos humanos

En el primer día de reactivación del diálogo no se llegó a ningún acuerdo, se reportan más de 160 muertos

Tanto la propuesta presentada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por empresarios, estudiantes y ciudadanos, como la entregada por la Conferencia Episcopal fueron rechazadas por el gobierno de Daniel Ortega este viernes en el primer día de reactivación del diálogo en Nicaragua.

Ya son 58 días de protestas en ese país —iniciaron el 18 de abril— y más de 160 muertos, pero ni eso hizo que se llegara a un acuerdo.

La propuesta de la Alianza consistía en permitir inmediatamente la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la aceleración de la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una invitación del Estado para una visita del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y otra para la Unión Europea, así como el cese a la represión y el desmantelamiento inmediato de los grupos paramilitares, explicó el medio nicaragüense Confidencial.

En el caso de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) su planteamiento iba por un camino similar añadiendo la atención integral a las víctimas de la represión y el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en el informe preliminar de la CIDH.

Ambas propuestas fueron sometidas a votación y el Gobierno los rechazó completamente. No hubo consenso.

"Es lamentable porque creemos que nuestra propuesta no dañaba a nadie. En cambio, era un bien para el país", dijo monseñor Rolando Álvarez.

Al no haber presentarse ningún avance positivo en las mesas de diálogo, la Conferencia Episcopal amenazó con hacerse a un lado como mediadora. Mientras tanto pidió al gobierno de Ortega "reflexionar" sobre las propuestas entregadas.

Nicaragua, que este jueves vivió un paró nacional de 24 horas, tiene bloqueadas sus principales rutas con casi 900 "tranques" y barricadas.

Las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente y mano derecha, ambos señalados de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado.