Gobierno propone tope de 2,54% en anualidades del sector público

​Meta es pasar a un esquema de evaluación por desempeño, en donde se pagaría incentivo solo a empleados que obtengan nota de "muy bueno"

22/09/15 | 19:55pm

El Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para establecer un tope de 2,54 por ciento en las anualidades de todos los funcionarios del sector público.

Así lo aseguró este martes la Ministra de Planificación y Política Económica, Olga Marta Sánchez en una comparecencia de cuatro horas ante el plenario legislativo.

El proyecto de ley buscará, además, cambiar el nombre de las anualidades por "evaluación del desempeño" y desarrollar un esquema de calificación de la labor que realizan los empleados públicos.

En ese sentido la propuesta es pasar de "buena" a "muy buena" la calificación mínima para tener derecho a recibir el incentivo por evaluación de desempeño, dijo durante la comparecencia y sesión de preguntas que inició a las 3.36 p.m. y concluyó a las 7.24 p.m.

Las remuneraciones en el sector público ascendieron a ¢4,7 billones en el 2014, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.

De esa cifra, el 58 por ciento correspondió a entidades que están fuera del ámbito del gobierno central, como instituciones descentralizadas no empresariales y empresas públicas no financieras.

Estos son datos que se desprenden del informe del sector público elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), el cual también evidenció que, durante el 2014, en las instituciones financiadas con el presupuesto nacional, el 11 por ciento de remuneraciones equivalen a la retribución por años servidos y el 40 por ciento a remuneraciones básicas.

MEP y Poder Judicial en el ojo de Mideplan

El documento presentado por la ministra de Planificación a los diputados señala además al Ministerio de Educación Pública y al Poder Judicial como las dos instituciones financiadas con Presupuesto Nacional donde los incentivos salariales -el rubro de mayor importancia en las remuneraciones- tienen el crecimiento más acelerado.

En el caso del MEP, las anualidades representan el 10 por ciento del gasto en la partida de remuneraciones en de esta cartera, que, además absorbe más de la mitad de las anualidades del Gobierno Central.

Sánchez apuntó que hay una alta fragmentación en los esquemas salariales en las instituciones públicas, y que la complejidad y diversidad de marcos legales entre las instituciones conduce a disparidades importantes en las remuneraciones de funcionarios con puestos equivalentes, siendo los empleados del gobierno central quienes devenguen los salarios más bajos.

Desbancar 'mitos'

En su comparecencia en la Asamblea Legislativa, la jerarca procuró se refirió a cuatro afirmaciones comunes en la opinión pública relacionadas con el empleo público, las cuales calificó de "mitos":

1-Todas las remuneraciones del sector público se pagan con impuestos y se financian con el Presupuesto Nacional.

2- Todos los salarios del sector público son abusivos y mucho más altos que el sector público.

3- Para salir de problemas fiscales hay que reducir la planilla.

4- Hay "mano suelta" en el pago de horas extras.

La Ministra Sánchez afirmó el 58 por ciento de las remuneraciones del sector público se financian con tarifas pues corresponden a instituciones descentralizadas, y no con impuestos.

Además, aseguró que en el sector público el 75 por ciento de los empleados son profesionales mientras que en el privado solo el 26 por ciento cumplen esa característica, y que esto explica que el salario promedio en el gobierno central sea 48,6% mayor al del sector privado. A la vez, indicó que ha sido las decisiones político-técnicas las que han provocado un incremento significativo en la partida de remuneraciones en los últimos 6 años.

Asimismo, manifestó que recortar 20.228 tendría un impacto de tan solo un 1 por ciento en el Producto Interno Bruto y que el pago de horas extra es un rubro reducido en la estructura del presupuesto (0,43 en el 2014).

En la comparecencia también propuso la creación de una comisión mixta sobre empleo público para discutir los cambios necesarios que garanticen una equidad de salarios y derechos de los trabajadores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país existen 305 mil empleados públicos, es decir, cinco de cada 100 personas de la fuerza laboral.

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