Gobierno tiene competencia para suspender directivos del BCR, resuelve Sala IV​

El Consejo de Gobierno tiene competencia para suspender a los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR). Así lo resolvió la Sala Constitucional, el viernes anterior, al declarar sin lugar dos recursos de amparo presentados por los directivos Alberto Raven y Mónica Segnini. La resolución trascendió este lunes.

Ellos acudieron ante el Tribunal Constitucional luego de que el Gobierno decidió, el pasado 3 de octubre, suspender a cinco directivos del Banco de Costa Rica (BCR) que rehusaron presentar sus renuncias a solicitud del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Esta medida se tomó luego de abrir un procedimiento administrativo.

Solís había solicitado la renuncia de la junta directiva del BCR luego de conocer un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en el que se señalaba problemas de gobernanza corporativa por divisiones a lo interno de la cúpula; sin embargo, los directores se negaron a acatar este llamado y de manera unánime indicaron que se mantendrían en el puesto.

Por medio de un comunicado, la Sala informó de que "la actuación cuestionada obedecía a una medida cautelar que no resultaba contraria a sus derechos fundamentales", pues considera que que no existe lesión al principio de la autonomía bancaria, ya que el Consejo de Gobierno está facultado para tomar esas medidas.

La junta directiva estaba integrada por Mónica Segnini (presidenta), Evita Arguedas, Francisco Molina, Paola Mora, Gustavo Arias, Alberto Raven y Ronald Solís.

Aún falta por resolver otros dos recursos de amparo planteados por Arguedas y Molina. Los únicos que sí aceptaron renunciar fueron Arias y Solís.

Ante esas suspensiones, el Gobierno designó en la directiva a Abel Salas (presidente), Shirley González, Adriana Caéspedes, Maryleana Méndez, William Calvo, Carlos Alberto Hernández y Luis Diego Vargas.

El BCR atraviesa actualmente una crisis institucional, pues el viernes pasado fueron detenidos seis miembros de la alta gerencia, quienes son investigados por el presunto delito de peculado al favorecer al empresario Juan Carlo Bolaños, importador del cemento chino, con un crédito por $30 millones.

Los seis imputados descuentan tres meses de prisión preventiva como medida cautelar. Ellos son: Mario Barrenechea (gerente general), Marvin Francisco Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista), Andrés Víquez Lizano (subgerente de Banca Mayorista), Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgo) un funcionario de apellidos Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Créditos) y Gilberth Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos y Control Interno).