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Guardas de seguridad chocan con empresas sobre necesidad de portar armas letales

Gobierno analizará fallo de Tribunal Contencioso Administrativo que se trajo abajo acuerdo que limitaba uso de armas de fuego a oficiales privados

La portación o no de armas por parte de algunos guardas de seguridad genera una disputa entre empresas y los propios oficiales privados. El debate resurge luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo se trajera abajo el acuerdo 2016-132-MSP que limitaba el uso de dispositivos legales en ciertas modalidades.

El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, Érick Kober, comentó este jueves en el programa Nuestra Voz que este tipo de reglamentos son necesarios debido a que existen más aristas a tomar en cuenta para proteger a la población en sitios públicos y barrios.

Comunidades organizadas contra el hampa y cámaras de vigilancia son parte de las estrategias a las cuales se pueden recurrir antes de dispositivos legales.

De acuerdo con el vocero de la Asociación, la portación de armas de fuego pone en peligro a los propios guardas pues los asaltan para robarles ese equipo, haciendo peligrar sus vidas.

Kober indicó que es necesaria la elaboración de estudios para determinar en qué zonas es necesario el uso de dispositivos letales dependiendo de la criminalidad.

Este criterio no lo comparte el presidente de la Asociación de Guardas de Seguridad Privada, Rafael Ángel Rodríguez, quien indicó que desarmar a los oficiales más bien los hace vulnerables frente a los delincuentes.

La organización, la cual acuerpa a siete mil personas, respaldó la acción presentada por la diputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, que se trajo abajo el acuerdo del Ministerio de Seguridad Pública.

Rodríguez indicó que los guardas de empresas pequeñas son incapaces de pagar los estudios que mencionaba Kober y denunció que el plan del Gobierno anulado solo favorecía a las grandes compañías.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, indicó que analizarán el fallo para tomar las acciones respectivas, sin embargo, defendió que el interés principal del acuerdo es proteger a la ciudadanía pues considera que en sitios como centros comerciales la presencia de armas es lugar de proteger ponen en riesgo a los presentes.

En cuanto a las demandas de Rodríguez, el Jerarca lo invitó a formar parte de la mesa de trabajo sobre este tema para que lleven sus aportes.

El acuerdo de Seguridad Pública limitaba la portación de armas de fuego para custodios, transporte de valores, mercancías y protección de personas (guardaespaldas), dejando por fuera a guardas en barrios, comunidades y locales comerciales.