Guevara renunciará a fuero legislativo cuando Fiscala se lo solicite

​Candidato niega que informe sobre caso del cemento afecte su carrera presidencial

Paulo Villalobos y Maureen Ruiz

18/12/17 | 21:40pm

El diputado y candidato del Movimiento Libertario para las elecciones de febrero de 2018, Otto Guevara, indicó la noche de este lunes que renunciará al fuero legislativo que le da inmunidad en el momento en el que la fiscala general, Emilia Navas, así se lo solicite.

Así lo afirmó el cinco veces aspirante a la Presidencia de la República en una entrevista telefónica con AmeliaRueda.com, momentos después de que la comisión investigadora de créditos bancarios señalara en su informe final que Guevara utilizó su cargo para realizar "numerosas gestiones con el fin de incidir en los negocios de Juan Carlos Bolaños", apoderado de Sinocem Costa Rica y amigo cercano del legislador.

"El fuero de diputado no protege de mucho como ya lo vimos en los allanamientos", externó el candidato al ser consultado sobre si renunciaría a la inmunidad, dejando en claro de que si la Fiscala necesita que este sea removido, al momento en que esta se lo pida a la Sala de Casación Penal, entonces cederá en dejar el fuero de lado.

Guevara negó que el informe afecte su carrera presidencial ya que "es llover sobre mojado" porque los allanamientos son por la misma causa.

El congresista manifestó que sus intervenciones en favor de Bolaños tienen que ver con tres cartas enviadas al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la apertura del duopolio del cemento, sostenido en el tiempo por Cemex y Holcim.

Otros diputados señalados por el foro legislativo son Víctor Morales, a quien también se le pidió renunciar a la inmunidad; Johnny Leiva y Rolando González, cuyos informes serán elevados a la Procuraduría de la Ética para una valoración por sus actuaciones vinculadas a viajes en helicóptero solicitados por el importador del cemento chino al piloto Roberto Arguedas.

La misma recomendación sobre renunciar a la inmunidad se dirigió al actual diputado independiente (antiguo diputado de Acción Ciudadana) Víctor Morales Zapata pero además de esto, se instó a la Fiscalía que continuara con la investigación y a los partidos políticos que no se le nombrara en ningún cargo público por los próximos dos años.

Esto tras llegar a la conclusión de que el legislador aprovechó su cargo que se encontraba en cercanía con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para realizar diferentes gestiones con el objetivo de afectar para bien los negocios de Bolaños y que este último le concedió beneficios materiales al diputado.

Por otro lado con el socialcristiano Johnny Leiva se comprobó que participó en una reunión con varios diputados del Congreso para discutir temas del mercado del cemento, los cuales involucraban a Bolaños. Así también se agregó la causa que se le abrió en el comité de ética del PUSC por el vuelo que realizó el 4 de junio el Legislador.

Ante esto, se remitirá la información a la Procuraduría de la Ética para que se valore los hechos mencionados y se determine si se incurrió a alguna violación al deber de la probidad por parte del diputado.

Por último el diputado liberacionista, Rolando González también sostuvo reuniones con Bolaños, esto luego de que se hicieran públicas las denuncias sobre las irregularidades del préstamo que otorgó el Banco de Costa Rica al importador de cemento. Así también se hizo constatar en el informe final que el verdiblanco dio declaraciones para restar importancia a las investigaciones regentes al caso del cemento en condición de Presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Además, solicitó un vuelo en la aeronave de Bolaños dentro de la emergencia nacional del Huracán Otto.

Pese a que dijo a AmeliaRueda.com que requiere estudiar los elementos que constituyen las conclusiones de la comisión indagadora, el exprecandidato presidencial verdiblanco adelantó que no tiene problema alguno con atender las recomendaciones del grupo legislativo.

Con dichas conclusiones, los diputados llegaron a la recomendación de remitir los datos a la Procuraduría para que la misma valore y determine si se incurrió a alguna violación al deber de probidad.

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