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Hacienda promueve ante diputados plan de finanzas con tope a salarios e impuesto a tiquetes de avión

​Iniciativa propone aumentar base de contribuyentes del IVA

El Gobierno de la República incluyó en su propuesta de plan para fortalecer las finanzas establecer un tope de ¢5 millones a los salarios de lujo del sector público y un impuesto al valor agregado del 4% a los tiquetes de avión. Así lo establece el documento CP-486-2017, que este jueves fue expuesto a los jefes de las nueve fracciones que conforman la Asamblea Legislativa.

En su nueva versión de un proyecto fiscal, el Ejecutivo incluyó propuestas para aumentar la base de contribuyentes en el impuesto al valor agregado, y a su vez establece cambios en los salarios públicos. El texto busca evitar el rechazo que ya ha sufrido por parte de la mayoría de los partidos políticos que lo criticaron por no contener suficientes recortes al gasto.

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nombre bajo el cual se titula el plan fiscal, fue consultado ante "diversos actores políticos", según comunicó el Gobierno en un comunicado.

“Hacemos un respetuoso llamado a las fuerzas políticas nacionales a considerar esta propuesta, construida sobre la base de la búsqueda del mayor grado de consenso, a fin de empezar a resolver la complicada situación fiscal que atraviesa el país. Los frutos de esta discusión se empezarán a ver hasta la segunda mitad del próximo año, por lo que es fundamental que las decisiones se tomen a la mayor brevedad posible, para evitar que la problemática fiscal se agudice”, señaló el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

Entre las propuestas se establece un tope a los mayores salarios del sector público, de ¢5 millones. Además se llevaría a cabo una regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, y convierte la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual, contemplando las metas institucionales y las del Plan Nacional de Desarrollo.

El proyecto además crea un nuevo capítulo en el impuesto sobre la renta, denominado como “Rentas del Capital, y Ganancias y Pérdidas de Capital”, el cual regula los ingresos generados por rentas pasivas del capital, con un tratamiento homogéneo que se diferencia con la dispersión cedular de la actualidad.

Además propone ampliar la cantidad de contribuyentes del impuesto sobre el valor agregado (IVA), aumentar su tasa imponible y migrar a un criterio de deducción plena.

Ese sistema establece que quien cobra el impuesto deduciría el IVA que pagó a sus proveedores, que a su vez deducirían el que pagaron, en forma de cadena productiva.

El impuesto será de 13 por ciento, en caso de ser aprobado.

Se incluye una tasa diferenciada del 4% en el IVA para la compra de tiquetes de avión, servicios de salud y educación privada en primaria y secundaria.

Con esa medida se promovería la competividad entre productos locales, al evitar que los tributos se carguen al costo de producción. A su vez mejoraría el control cruzado del cobro de los impuestos, siempre y cuando la persona que vende se asegure de poder demostrar lo que pagó a su proveedores, según el gobierno

La iniciativa también propone una regla fiscal que frene el crecimiento del gasto corriente, según la relación de deuda del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto (PIB).

El parámetro de la deuda está definido por el crecimiento del gasto por encima de los ingresos, lo que ha obligado a que el Estado se endeude para cubrir la brecha creciente.

Con la disposición fiscal se restringe el crecimiento del gasto si se da un crecimiento de la deuda. En caso de que la deuda se mantenga sostenible a mediano y largo plazo, el gasto podrá aumentar al mismo ritmo del PIB.

La regla fiscal se rige por cuatro principios. Primero salvaguarda el crecimiento económico y la inversión pública, gradúa la implementación para evitar recortes abruptos al gasto, integridad respecto a la reforma tributaria, y credibilidad de la propuesta.

Como había anunciado el Gobierno en agosto, su propuesta se basa en el megaproyecto que compila iniciativas de ley que se estancaron en el Congreso en diferentes momentos. Los proyectos fueron actualizados y revisados en busca de un consenso en Cuesta de Moras, que facilite una pronta aprobación para solventar la de liquidez que dio a conocer a inicios de ese mes el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.