Iglesia sobre plan para librar a curas de secreto confesional: es un peligro para libertad religiosa

La Iglesia católica costarricense mostró su rechazo a la iniciativa de ley presentada este martes en el Congreso, la cual plantea la posibilidad de librar del secreto de confesión a los sacerdotes para que puedan servir como testigos en un juicio.

Las autoridades eclesiásticas locales argumentaron que el proyecto podría rozar con la libertad religiosa.

"Obligar a irrespetar el sigilo sacramental, es más bien un peligro para la práctica de la libertad religiosa de los católicos en general y poco o en nada ayudará a la administración de justicia en perseguir al posible autor de un delito", señaló el vocero de la Conferencia Episcopal, Mauricio Granados.

De acuerdo con la Iglesia tica, durante la confesión el sacerdote no debe pedir nombres ni detalles al penitente. Además, en algunas parroquias se utiliza el confesionario que impide que el cura sepa la identidad de la persona que llega a practicar el rito religioso.

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Es bajo este argumento que la Conferencia Episcopal aduce que la información que podría tener el cura es limitada y "no ayudaría a perseguir un delito".

"El sacerdote está obligado al sigilo sacramental, por lo cual le está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por cualquier motivo. (canon 983. 1) La pena canónica para el sacerdote que irrespete directamente el sigilo sacramental es de ex comunión (canon 1388)", añadió Granados.

El proyecto de ley presentado este martes por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, plantea que una persona pueda liberar a los sacerdotes del secreto de confesión para que le pueda servir como testigo de un juicio, como sucede actualmente con los abogados, médicos y psicólogos.

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En específico, se trata de una reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal que hace el secreto de confesión sea absoluto, incluso en aquellos casos que la propia víctima requiera la declaración del líder religioso.

El diputado oficialista además propuso en el proyecto que se aumente el número de organizaciones que estarán obligadas a denunciar en caso de un maltrato o abuso contra menores de edad, pues en la actualidad solo autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos y privados tienen esa responsabilidad. De esta manera, se busca incluir a grupos juveniles, deportivos, religiosos y culturales.