La Iglesia Católica se expone a pagar una multa de hasta 50 salarios base, unos ¢12 millones, si emite propaganda política con motivos religiosos para sus feligreses.
La sanción, que va de 10 a 50 salarios base según la gravedad, se establece en el artículo 289 del Código Electoral, mientras que en el 136 se prohíbe toda forma de propaganda que se valga de las creencias religiosas para que el pueblo se adhiera o se separe de partidos o candidatos determinados.
En dos semanas, la Conferencia Episcopal dará a conocer un documento en el cual emitirá criterios generales para “iluminar” al electorado con miras a los comicios de 2014.
Según explicó el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Juan Luis Rivera, ese documento no podrá contener el nombre de ningún candidato ni partido político. Tampoco puede estar basados en convicciones religiosas.
En mayo de 2010, el TSE le llamó la atención al arzobispo de Cartago, monseñor José Francisco Ulloa, por aprovechar su homilía para solicitarle a los presentes retirarle el voto a partidos en contra del catolicismo.
Rivera explicó que el TSE no puede emitir censura previa del documento, sin embargo, el ente conocerá el caso si se presenta alguna denuncia.
