IMAS y MEP desmienten que haya procedimientos disciplinarios denunciados por PLN

ContradicciónMAG confirma cinco procedimientos administrativos sin relación con asuntos políticos

Los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) desmintieron al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, quien afirma que existen procesos administrativos disciplinarios que se están llevando a cabo contra 10 funcionarios públicos, tres de ellos en esas instituciones.

El diputado liberacionista dice que se trata de siete funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dos del IMAS y uno del MEP por ser afines al PLN.

Además, el legislador Jiménez Succar aseguró que los funcionarios fueron removidos de las jefaturas y enviados a un “escritorio sin funciones” por persecución política, razón por la cual pidió al Gobierno que revise – no que retire – los procedimientos.

jefe de fracción del pln, juan luis jiménez succar

En el IMAS se trata de la exgerente general, Mayra Diaz y el exsubgerente Juan Carlos Dengo del Instituto Mixto de Ayuda Social. No obstante, consultado por AmeliaRueda.com el jerarca Carlos Alvarado, afirmó que no existen procesos abiertos contra estos funcionarios.

Alvarado explicó que tanto Díaz como Dengo fueron removidos de sus cargos gerenciales por tratarse de puestos de confianza del jerarca, y fueron re ubicados en los puestos que ocupaban previamente dentro de la institución.

Aunque sus nombramientos en la gerencia y subgerencia vencían en 2017, la normativa permite que sean removidos, aseguró Alvarado. Además, reconoció que los funcionarios no fueron indemnizados ya que en estos casos la normativa no lo exige.


jerarca del imas, carlos alvarado

En el caso específico del exdirector legal del MEP, no hay un proceso disciplinario administrativo abierto contra el funcionario, y regresó a su puesto original en la Defensoría de los Habitantes, según información suministrada a través de la Dirección de Prensa y Comunicación.

Eso sí, existe una investigación en su contra para definir si procedía el cobro de vacaciones no disfrutadas que tramitó el funcionario.

Por último, el jerarca del MAG, Luis Felipe Araúz, precisó que en esa entidad sí existen cinco procesos abiertos. Tres de ellos contra directores regionales por supuesto uso indebido de vehículos; por presunto pago irregular de horas extra; y por traslado irregular de funcionarios.

Además, hay un proceso administrativo disciplinario abierto contra el exjefe de Recursos Humanos, Rolando Sánchez Corrales, quien fue separado del cargo como medida cautelar a raíz de una auditoría del Servicio Civil sobre supuestas irregularidades en sus funciones.

Existe otro proceso contra la excoordinadora del Programa de la Cuenca Binacional Río Sixaola, Grace Carmiol González, quien fue devuelta a su plaza en propiedad por presuntas irregularidades en el control interno de un sistema a su mando.

El MAG también lleva a cabo una investigación interna – no un procedimiento administrativo disciplinario - contra un funcionario por salidas del país en calidad de representante del MAG sin contar con permisos oficiales. La persona no fue removida de su cargo.

El ministro de Agricultura, Luis Felipe Araúz insistió y explicó este lunes en el programa Nuestra Voz que los procedimientos disciplinarios abiertos en esa institución no responden a una persecución política, sino a señalamientos de la auditoría interna y en un caso a una denuncia del Banco Interamericano de Desarrollo.


ministro de agricultura, luis felipe araúz

Jiménez Succar afirmó que en su partido no defienden ningún acto de corrupción.

No obstante, afirmó que exigen una “respuesta” de la Presidencia sobre la supuesta persecución política que sufren funcionarios afines a Liberación Nacional.

Las declaraciones se dan luego de que el propio Jiménez Succar condicionara el apoyo de la fracción liberacionista para la aprobación del Segundo Presupuesto Extraordinario del 2014, por ¢27.000 millones, a que se archiven procedimientos administrativos contra algunos funcionarios.