Impuesto a actividades recreativas turísticas se aplicará a partir de 2016, según proyecto

acuerdo​Empresarios turísticos exigen al gobierno que propuesta de ley se apruebe en mes y medio

El cobro del 13 por ciento del impuesto de ventas a las actividades recreativas turísticas se aplicará a partir del 1 de enero de 2016, si la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que será presentado por el gobierno para poner fin a la pugna con los empresarios del sector.

presidente de la cámara nacional de turismo, pablo heriberto abarca

El presidente de la Cámara Costarricense de Turismo (Canatur), Pablo Heriberto Abarca, explicó este jueves que el acuerdo con el gobierno se logró con la condición de que el proyecto se apruebe en al menos un mes y medio. Para ello, los diputados tendrán que dispensarlo de trámites y se debe garantizar que no se harán cobros retroactivos de periodos anteriores a 2016 a las empresas.

La Dirección General de Tributación implementó el cobro del impuesto de ventas a actividades recreativas como senderismo, rapel, bungee y canopy, entre otras.

El cobro se hizo efectivo mediante el criterio institucional DGT-CI-06-14 del 30 de julio de 2014 y hasta la fecha existen 14 empresas notificadas que deben cancelar montos de periodos anteriores.

Abarca explicó que hay una empresa en San Carlos que debe cerca de un millón de dólares, por lo que para pagar el impuesto tendría que vender el negocio o cerrarlo por completo.

Con el acuerdo logrado entre el gobierno y los empresarios turísticos, se aplicará una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2015 y el cobro del impuesto regirá para todas las empresas que ofrecen actividades recreativas a partir del 1 de enero de 2016, sin aplicar cobros retroactivos a ninguna compañía.

PRESIDENTE de la CÁMARA NACIONAL DE TURISMO, PABLO HERIBERTO ABARCA

Los empresarios piden al gobierno hacer algunos ajustes al proyecto de ley para que se apruebe en un plazo máximo de mes y medio, lo que le daría tranquilidad al sector turístico.

Sin embargo, Canatur seguirá con el proceso legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo para evitar que el criterio institucional de Tributación, que aplica el cobro del impuesto, siga en vigencia.