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Informe del cemento supera maniobras de última hora que pretendían frenar su aprobación

​Documento contiene recomendaciones contra miembros de tres poderes de la República

Con 42 votos a favor y la oposición de 6 diputados, el informe que durante cinco meses investigó el tema del cemento chino en el país y expone señalamientos contra miembros de los tres poderes de la República superó maniobras de última hora que pretendían impedir su votación y recibió finalmente el visto bueno de los diputados.

Los oficialistas Marvin Atención, Marlene Madrigal, Javier Cambronero, Marco Vinicio Redondo, Laura Garro; y el independiente Víctor Hugo Morales fueron quienes dieron su voto negativo.

Desde las 3:00 p.m., los legisladores iniciaron una maratónica sesión que los llevó hasta las 11:12 de la noche, cuando por fin el documento fue sometido a votación. La lectura de un documento con el descargo del Poder Ejecutivo, presentado al Directorio Legislativo dos horas antes del inicio de la sesión, llegó a entorpecer el camino inicialmente trazado en el Congreso, con diputados que pretendían la lectura íntegra del mismo. Esto hubiese implicado que el tiempo dedicado a la discusión se hubiese alargado, superando el plazo establecido para votar el documento a la medianoche.

Alargarse más allá de la medianoche, hubiese significado a su vez que el informe volviera el lunes al último lugar de la agenda del plenario, ya que la moción que permitió verlo con prioridad, estableció este jueves como límite.

El documento fue finalmente leído en lo cual se tardó cerca de una hora, esto a solicitud de los oficialistas Javier Cambronero y Marco Vinicio Redondo. Redondo solicitó la lectura palabra por palabra de un archivo de 26 páginas, situación que generó la reacción inmediata de las fracciones de la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, las cuales a través de William Alvarado y Gerardo Vargas, renunciaron al uso de la palabra con el objetivo de que agilizar el paso. Redondo anunció en su discurso, que rechazaría votarlo afirmativamente.

Tras un receso solicitado por los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, se logró un acuerdo para llegar a la votación; aunque el diputado Abelino Esquivel pidió posteriormente también leer un documento donde se separaba del criterio de los restantes integrantes de la comisión que investigó el caso y retiraba su firma del informe.

El documento de 294 páginas, señala entre otras conclusiones y recomendaciones, las siguientes:

Presidencia de la República

Según el informe, el presidente Luis Guillermo Solís faltó a su deber de probidad al no actuar en igualdad de condiciones con todos los habitantes, además de que incurrió en la imparcialidad por la búsqueda de objetivos propios aprovechándose de la investidura que representa y de que falló en su función de velar por el manejo eficaz de los recursos públicos.

Se recomendó remitir el documento a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) para que valore la actuación del Mandatario.

Dirección de Inteligencia y Seguridad

Se recomienda a Solís destituir al director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, por "incumplir" en su deber de cuido del Presidente de la República al permitir reuniones del empresario Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial sin hacer advertencia alguna.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Se le recomienda a la institución identificar las prácticas desleales y anticompetitivas en mercados críticos para el desarrollo del país con el objetivo de generar políticas para la competencia o la regulación asertiva de precios.

También señala que se debe remitir a la Procuraduría de la Ética los documentos relacionados al exministro de la cartera y hoy candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, luego de que supuestamente aceptara presiones de Casa Presidencial para que impulsaran acciones para beneficio del apoderado de Sinocem Costa Rica, mientras se rompía un duopolio compuesto por Holcim y Cemex en la industria del cemento.

Comisión Nacional de Emergencias

El informe indica que el expresidente de la autoridad encargada de la atención de emergencias, Daniel Gallardo, debe renunciar a sus aspiraciones de llegar al Congreso con la bandera del Partido Renovación Costarricense (PRC) ya que habría mentido bajo juramento al referirse sobre su relación con el importador de cemento chino, de quien explicó sus vínculos obedecían a asuntos técnicos en horas de trabajo.

Sin embargo, posteriormente trascendió que un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que Bolaños y el exjerarca de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) se contactaron en 565 ocasiones.

Ministerio de Hacienda

Se remite el documento a la Procuraduría de la Ética para que determine si el entonces viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, incurrió en algún delito por, supuestamente, haber presionado a subalternos para que dieran un trato especial a Bolaños, acatando instrucciones del Presidente. Se solicita a los órganos del Estado que no se le nombre para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

Por el mismo motivo se remite las actuaciones del exdirector general de Adunas, Benito Coghi, a la Procuraduría y se recomienda a la Fiscalía General de la República profundizar en las investigaciones en su contra.

También se pide al Ministerio de Hacienda acoger el informe DF-DEN-INF-035-2017 de presuntas irregularidades en la mercancía de Sinocem, al mismo tiempo que se insta a la cartera a realizar una auditoría externa para fiscalizar los controles aduaneros en los procedimientos de importación de mercancías.

Asamblea Legislativa

El documento impulsa la aprobación de leyes para sancionar a congresistas de acuerdo al régimen de probidad, así como la formulación de un reforma constitucional para que la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes, de aplicar cambios para regular el cabildeo y para prohibir el nepotismo en los nombramientos que hace el Congreso.

Al Directorio Legislativo se le pide que, para la creación de comisiones investigadoras, se le exija a sus futuros integrantes declarar cualquier conflicto de intereses que lo relacionen con el caso bajo estudio.

Cuatro legisladores fueron señalados de manera directa en el informe, sin embargo, sólo a Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario (PML), y a Víctor Morales, independiente; se les pide renunciar al fuero parlamentario. También se insta al Ministerio Público seguir con las investigaciones contra ambos y se remite a la Procuraduría de la Ética para que valore si los diputados influyeron a favor de Bolaños.

La última recomendación también se hace para los congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Leiva, y del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, ya que el primero participó de un vuelo en helicóptero facilitado por el importador del cemento, mientras que el segundo estuvo cerca de hacerlo, pero las condiciones del tiempo lo impidieron.

En la sección de conclusiones del Poder Judicial, el informe sugiere a los integrantes de Cuesta de Moras que den seguimiento permanente a través de la Comisión de Nombramientos a las causas abiertas contra miembros de ese contrapeso que hayan sido cuestionados por el informe para posibles postulaciones de competencia del Poder Legislativo.

También se pide analizar la posibilidad de reformar el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 360 del Código Procesal Penal y el 165 de la Constitución Política de manera que las sesiones de Corte Plena sean públicas cuando se delibere causas relacionadas a delitos de corrupción, tráfico de influencias y faltas al deber de probidad por parte de magistrados.

Otra recomendación es considerar una reforma constitucional para establecer un único periodo de de designación de Jueces Superiores de la Corte Suprema de Justicia que sea de nueve años, como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ICJ).

Ministerio Público

Se concluyó que el exfiscal general, Jorge Chavarría, y la exsubrogante, Berenice Smith, "incumplieron gravemente sus funciones y deberes" al solicitar a la Sala de Casación Penal la desestimación de las causas seguidas contra Guevara y Morales a pesar de la existencia del informe 876-OPO-UAC/ART-2015 del OIJ, en el cual se detectó centenas de intercambios telefónicos de los diputados con el apoderado de Sinocem.

Además se pide indagar los motivos por los cuales se excluyó al exfuncionario de la CNE, Guido Marín, a pesar de que también existía una denuncia anónima en su contra y a que también se encontró su nombre en el análisis de llamadas de la policía judicial.

Sala de Casación Penal

En el informe se señala que los magistrados de la Sala Tercera incumplieron sus funciones de manera que sus errores son reprochables por medios constitucionales y legales, por lo que deberían ser sometidos a un disciplinario cuyo resultado final determinaría, en caso de ser encontrados como responsables, en su destitución a manos del Parlamento.

De manera individual, la comisión investigadora pide la destitución del magistrado Celso Gamboa y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los próximos 10 años, además de que se incorporen los hechos consignados por el foro en las causas penales y administrativas contra el Juez Superior, suspendido en dos ocasiones por tres meses.

Sistema bancario

Se recomienda que los cambios de directrices, reglamentos o normativas en las juntas directivas de los bancos públicos no puedan realizarse sino hasta que se hayan cumplido al menos 12 meses de anterioridad. Dichos cambios tendrán que ser públicos.

A su vez, el documento solicita que se inhabilite para ocupar por 10 años a la exdirectora Paola Mora; por cinco años a los exdirectores Gustavo Arias y Ronald Solís; por cuatro años a los exdirectores Francisco Molina, Evita Arguedas, Alberto Raven y Mónica Segnini.

En la misma línea, se pide el despido y la inhabilitación por 10 años en cargos públicos al gerente Mario Barrenechea, quien hoy día descuenta tres meses de prisión preventiva en el centro penitenciario para el adulto mayor. Mismo escenario, pero por cinco años de inhabilitación, se considera para los funcionarios Fabián Volio y Eduardo Ramírez

También remitir las actuaciones de todos los mencionados a la Procuraduría de la Ética, junto a las del secretario de actas de la junta directiva, Pablo Villegas.