Inspección Judicial abre procedimiento administrativo contra auditor detenido por conducir ebrio

El Tribunal de la Inspección Judicial abrió este jueves un procedimiento administrativo contra el auditor interno de la Corte Suprema de Justicia, Robert García González, quien fue detenido la noche del miércoles por conducir en aparente estado de ebriedad.

De esa manera lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante la consulta de AmeliaRueda.com. El caso se seguirá bajo el número 19-000031-IJ.

El funcionario fue aprehendido a eso de las 9:00 p.m. del 9 de enero en Mercedes Norte de Heredia, según informó el Ministerio Público.

Al ser abordado por la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT), a García se le aplicaron dos pruebas con alcohosensor. La primera registró 1,19 miligramos de concentración de alcohol en el aire, mientras la segunda dio 1,02 miligramos.

Desde ese momento, al sujeto se le mantiene en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por el presunto delito de conducción temeraria. Lo anterior luego de que las mediciones de aliento que se le hicieron superaran lo permitido en el Código Penal, que son 0,38 miligramos.

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Según la Fiscalía, al auditor se le aplicará el procedimiento expedito de flagrancia, situación que permitiría culminar sus trámites en unos 15 días.

La normativa penal establece en su artículo 261 bis un castigo de uno a tres años de prisión para el delito de conducción temeraria, cuando a la persona se le encuentre conduciendo un vehículo por vías públicas en estado de ebriedad. Además, el chofer establece una inhabilitación para conducir de entre dos y cuatro años.

Si se llegase a imponer una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal puede conmutar la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria que no podrá ser menor de un salario base del puesto de Auxiliar Administrativo Uno, ni mayor de tres salarios base mensual, o sea, de entre ¢446.200 y ¢1.338.600; o bien, la imposición de una medida alternativa de prestación de servicio comunal que podrá ser desde 100 horas hasta 300 horas de servicio.

García fue nombrado como auditor interno en julio de 2017, durante una sesión de la Corte Plena en la que se le cuestionaron antecedentes personales, que se remontan a tres denuncias relacionadas a violencia doméstica.

La última causa que se siguió contra el funcionario -aparte de la iniciada el miércoles- se remonta a mayo del 2017, cuando se le abrió el expediente 17-001353-0369-PE, por el presunto delito de ofensas a la dignidad. En el mismo, el órgano acusador del Estado solicitó la desestimación, dado que la parte denunciante no deseó aportar testimonios.