70% de instituciones públicas con manejo de deuda tienen poca claridad sobre regulación, señala CGR

Siete de cada 10 instituciones con saldo de deuda considera que hay poca claridad sobre los alcances de las regulaciones en materia de endeudamiento, señala el informe DFOE-FIP-OS-00001-2021 sobre los desafíos del endeudamiento en contexto de vulnerabilidad fiscal.

Dentro del marco del sector público existen al menos 76 normas que regulan el endeudamiento público; sin embargo, el órgano contralor determinó que el mismo está fragmentado, es inconsistente, poco claro y poco robusto.

“A pesar de la existencia del marco de mayor alcance, a lo interno de este se observa cierto grado de segmentación, por lo que su aplicación no es generalizada y el mismo muestra debilidades o vacíos que no contribuyen a su robustez y claridad”, señala el informe.

Por tanto, para el caso del sector público, “no existe” un marco normativo coherente y de amplia cobertura, que regule de forma transversal y consistente la gestión del endeudamiento de todo el sector.

Dicho señalamiento coincide con la percepción de las instituciones con manejo de deuda, puesto que no tienen total claridad sobre el tema:

• Seis de cada 10 instituciones perciben que la normativa no es del todo clara.
• Cinco de cada 10 instituciones indica que la normativa no define claramente el concepto de endeudamiento.
• Alrededor de siete de cada 10 instituciones considera que hay poca claridad sobre los alcances de su potestad en tipos de instrumentos, costos, plazos y tipos de endeudamiento.
• Cinco de cada 10 instituciones indica que no existe precisión sobre los propósitos o justificaciones institucionales vinculados a la gestión del endeudamiento.

Es importante señalar que el marco regulatorio costarricense define la deuda pública al “conjunto de obligaciones formalmente adquiridas por las instituciones del sector público con el fin de financiar la adquisición de bienes y servicios requeridos para la ejecución de sus programas, así como otras deudas reconocidas entre las partes”.

Estas incluyen; Créditos con entidades financieras nacionales e internacionales, compras de bienes y servicios que se paguen total o parcialmente, entre otras.

El órgano contralor determinó que la sostenibilidad de la deuda pública es fundamental para evitar distorsiones macroeconómicas, fiscales y sociales que terminan por afectar en el bienestar y el desarrollo del país.

“En materia de endeudamiento público, no es suficiente con la existencia de trayectorias sostenibles y entornos macroeconómicos favorables, sino que también se debe contar con una gestión correcta del endeudamiento. Para esto, destaca el papel de una gestión o administración activa en sus distintas etapas (planificación, ejecución, evaluación, ajustes), en beneficio de un desarrollo sano y sostenible de la deuda”.

El costo de la deuda del sector público le representó al país el 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020, lo que implicó el costo más alto en el periodo 2015-2020.

Además, la deuda del Gobierno Central de Costa Rica es la más cara de América Latina en el año 2020 (4,7% del PIB en intereses).

“Las altas necesidades de financiamiento y los altos costos de la deuda pública han derivado que al año 2020, el servicio de la deuda pública haya representado alrededor de un 36% del Presupuesto de la República. Esta situación genera un efecto de estrujamiento presupuestario, limitando la asignación de recursos a funciones sustantivas como salud, educación, vivienda, entre otros”. se indica.

Transparencia

La contraloría indica que los gestores de deuda pública deben comunicar de forma transparente, oportuna, clara y orientada a la rendición de cuentas los resultados, evaluaciones y acciones correctivas de su gestión de deuda.

Para esto, consideran fundamental la aplicación del marco de normas contables internacionales en las instituciones públicas, proceso que no ha avanzado de forma satisfactoria, según ha señalado la misma Contraloría en ocasiones anteriores.

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Como conclusión, se determinó que existen desafíos en materia de gestión de deuda pública sobre el uso que hace el país con los recursos del financiamiento, los costos y riesgos asociados a dicho financiamiento y la coordinación entre actores y ejes de política.

El órgano contralor planteó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran:

• La promulgación de ley marco de deuda pública, con regulaciones robustas y transversales bajo las mejores prácticas.
• Desarrollar un sistema de monitoreo de indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.
• Aplicación del marco contable de normas (NICSP-NIIF), según corresponda.
• Control y fiscalizaciones con base en riesgos de la deuda, potenciado con el sistema de monitoreo.