Investigación a auditora del MOPT por presunto hostigamiento laboral tardará seis meses
Contraloría solicitó que se conformara un órgano externo que analice las acusaciones en contra de la auditora
03/09/14 | 18:14pm
"Comportamientos arbitrarios y presunto hostigamiento laboral" son los hechos que motivaron la suspensión de seis meses con goce de salario para la auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Irma Gómez Vargas, tiempo por el cual será investigada.
El ministro del MOPT, Carlos Segnini, explicó que la suspensión quedó en firme desde este martes 2 de setiembre, luego de que se instalara un órgano externo -formado por abogados de otras instituciones- que analizarán las acusaciones contra la funcionaria.
De acuerdo con el jerarca, la funcionaria no está siendo sancionada, sino que la suspensión se toma como parte del procedimiento que llevará el órgano externo. Gómez podrá presentarse a las audiencias, podrá defenderse con la documentación necesaria y se le permitirá conocer todas las actas que emita el órgano sobre los casos que pesan en su contra.
La suspensión y la apertura de proceso de investigación se da luego de que el MOPT acatara una solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) en la que se establece la instalación del órgano externo para que se desarrolle el procedimiento con total transparencia.
La auditora del MOPT, Irma Gómez Vargas, indicó por medio de un comunicado de prensa "que el caso que motiva la medida cautelar es del año 2010 y la sentencia está recurrida por la Procuraduría General de la República en la Sala I -de Casación-, lo que evidencia, más aún, la falta de fundamento de la medida cautelar adoptada por el Ministro de Obras Públicas".
La funcionaria agregó que "tengo una carrera profesional limpia con 35 años de servicio para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, esa trayectoria no documenta ninguna mancha en mi expediente personal… ni siquiera una llamada de atención”.
El caso será analizado a nivel administrativo a lo interno del MOPT en los próximos seis meses para definir la continuidad o no de la auditora en el cargo.
Durante los seis meses de suspensión, la funcionaria recibirá ¢18 millones en salarios sin presentarse a laborar.