Paul Watson quiere volver al país: insiste a jueces que evidencia de su caso permite conciliación

El controvertido capitán ambientalista Paul Watson tiene claro su deseo de regresar a Costa Rica para luchar, de manera conjunta con el Gobierno de la República y la ciudadanía, por la conservación de la diversidad marina en estricto apego a las normativas internacionales.

Por lo anterior es que insiste a los jueces nacionales que la evidencia de su caso le permite conciliar con los pescadores que lo denunciaron por presuntamente haber cometido el delito de "peligro de naufragio", una acción estipulada en el artículo 251 del Código Penal y que establece una pena de prisión que va de dos a seis años.

"Yo quisiera volver a Costa Rica, trabajar con los gobiernos de Costa Rica, quiero trabajar con la gente de Costa Rica. Mi mensaje a los jueces es que aquí no hay ningún caso. Vean la evidencia, vean las cosas, no hay ningún caso", dijo Watson la mañana de este viernes en el programa Nuestra Voz, de AmeliaRueda.

El conservacionista dijo sentirse esperanzado por las políticas ambientales que ha anunciado la administración de Carlos Alvarado, asegurando incluso que representantes de su organización Sea Shepherd se han reunido en el país con el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, para ofrecer el patrullaje de las aguas costarricenses primordialmente en los alrededores de la Isla del Coco.

Watson indicó que esa suerte no se corrió con los gobiernos de la última década, ya que Costa Rica descuidó sus costas e incluso, según dice, promovió la exportación ilegal de aletas de tiburón a mercados asiáticos.

También señaló que el cuatrienio anterior intentó llegar a un acuerdo con la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para acceder a venir el país y enfrentar su proceso judicial siempre y cuando obtuviera una garantía de que no sería extraditado a Japón, a pesar de que eso no es competencia del Poder Ejecutivo.

Autoridades judiciales costarricenses han calificado al ecologista de "reo rebelde" luego de que se ausentara de las audiencias en las que ha sido requerido, al punto que se ha girado una orden de captura internacional en su contra.

El ambientalista nacido en Canadá y de nacionalidad estadounidense, por medio de su abogado en el país, Abraham Stern, presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público contra diez jueces costarricenses que han intervenido "de una u otra forma" en el proceso penal en su contra.

La acusación es por prevaricato, delito que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley.

Los hechos que originaron la acusación penal contra Watson se remontan al 2002, cuando un navío de Sea Shepherd, bajo su comando, atacó una embarcación de pescadores puntarenenses acusándolos de aleteo (cortarle las aletas a los tiburones).

Watson y los pesacadores conciliaron en setiembre del 2016 y solicitaron que el acuerdo fuera homologado por un Tribunal Penal, pero este fue rechazado pues el "peligro de naufragio" es un delito de acción pública.

Precisamente esa es una de las decisiones que el abogado de Watson cuestiona y por lo que presentó la denuncia de prevaricato. También señala que los hechos se dieron en aguas de Guatemala, por lo que los tribunales costarricenses no tienen jurisidicción.

La acusación de prevaricato también fue planteada por el abogado de los pescadores afectados, pues ellos quieren que se respete el acuerdo de conciliación, el cual implica una indemnización económica cuyo moto no se dio a conocer debido a un acuerdo de confidencialidad.

Fotografía de la AFP.