Irrespeto en INCOPESCA a fallo sobre pesca de arrastre implica responsabilidad penal

El irrespeto a un fallo de la Sala Constitucional supone una responsabilidad penal para las personas que desacaten dicha orden.

Esa fue la explicación que dio el abogado constitucionalista, Fabián Volio, este miércoles en el programa Nuestra Voz tras ser consultado por la propuesta de acuerdo tomada por la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) que pretende renovar licencias para la pesca de arrastre de camarón, prohibida por el Tribunal tras una resolución de agosto del 2013.

El jurista indicó que el incumplimiento de una sentencia por parte un funcionario público incluso lo expone a la destitución.

Volio explicó que un fallo de la Sala Constitucional es un proceso comparado a uno emitido por la vía contenciosa administrativa. Además, no existe ningún tribunal por encima para apelar lo resuelto por lo que su acatamiento es inmediato y obligatorio.

En caso de que un acuerdo de cualquier tipo violente lo establecido por los magistrados, este estaría cargado de nulidad y no tendría efecto alguno, añadió el funcionario. En este caso específico, la renovación de los permisos al amparo de lo dicho por el Tribunal estaría plagado de este vicio.

La Junta Directiva de INCOPESCA habría votado la renovación de licencias por mayoría el viernes anterior. La propuesta llegó del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de acuerdo con información de Marviva.

El presidente ejecutivo interino del INCOPESCA, Julio Saavedra, señaló que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión ya que se trató de una "propuesta de acuerdo" que está pendiente de quedar en firme hasta la próxima sesión programada para el 24 de noviembre.

El funcionario criticó que se adelantara criterio sobre el proceso al desconocerse el contenido del mismo e impedir que se lleven a cabo los procesos.

El fallo del 2013 emitido por la Sala Constitucional determinó que la pesca de arrastre afecta el fondo marino y las especies que habitan allí, por lo que violenta el principio de derecho a un ambiente equilibrado establecido en la Constitución Política.

Los magistrados señalaron que la única manera de instaurar esta técnica es que mediante un estudio se demuestre que sus efectos dañinos se reducen.

Este medio no ha podido comprobar si esta última condición se cumple en la propuesta de acuerdo tomada por INCOPESCA pues se negaron a compartir el documento al no estar el acta de la sesión en firme, sin embargo, el director general de Marviva, Jorge Jiménez, dijo en el programa Nuestra Voz que desconoce de algún informe sobre un avance que mitigue la pesca de arrastre.