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Jerarcas de ARESEP incumplieron deberes al avalar modelo tarifario de buses

​Diputados remitirán expediente a Fiscalía para determinar si Regulador General e Intendente cometieron algún delito

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa señaló al regulador general de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Roberto Jiménez, y al intendente de Transporte, Enrique Muñoz, por incumplimiento de deberes tras la publicación del nuevo modelo tarifario de autobuses.

El foro legislativo presentó esta semana el informe final sobre este caso y tomó la decisión de remitir al Ministerio Público este expediente para que determinen si existió una falta por parte de los funcionarios.

"Para que de conformidad con lo que indica el artículo 278 del Código Penal, ese órgano (la Fiscalía) analice lo aquí investigado, para que determine la existencia de noticia de delitos de acción pública y accione de la manera que ordena la ley, a partir de la aprobación de este informe por parte de la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público", señalan los congresistas en las conclusiones.

Cuando comenzó a utilizarse el nuevo modelo tarifario, el sector autobusero se levantó en contra aduciendo serias omisiones en el cálculo que afectaba las operaciones del servicio.

Durante las comparecencias que se llevaron a cabo en el foro legislativo los congresistas compartieron la preocupación y señalaron como responsables a los jerarcas de ARESEP, incluida la Junta Directiva.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Maureen Fallas, cuestionó que los funcionarios se quitaban de encima responsabilidades aduciendo la necesidad de plantear un nuevo modelo tarifario.

"Al final se modificaron otros elementos que en lugar de generar equilibrio a concesionarios comenzó a generar afectaciones como el cierre de algunos de los empresarios teniendo que devolver concesiones, y además de eso, tenían la oportunidad de demandar a ARESEP", señaló la legisladora.

Fallas indicó que por este hecho existen en juzgados diferentes causas cuyan pretensiones suman ¢8 mil millones solicitados por los demandantes, provocando serios problemas al erario público.

Parte de las molestias de autobuseros tiene que ver con que el nuevo modelo tarifario no incluye aspectos de mantenimiento para nuevas unidades, un rubro para limpieza, horas extra, entre otros.

El informe de Control de Ingreso y Gasto Público también pidió al Consejo de Gobierno abrir un proceso contra el Regulador General por "eventual negligencia o falta grave contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo".

Los diputados además solicitaron a la Junta Directiva de ARESEP realizar una revisión exhaustiva del reglamento interno para eliminar todos los mecanismos que diluyen responsabilidad administrativa de los funcionarios en sus actuaciones.

En octubre pasado, la Autoridad Reguladora tomó la decisión de paralizar durante seis meses el modelo tarifario debido a una medida cautelar emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo mientras resuelve una demanda presentada por un autobusero.

AmeliaRueda.com solicitó a la oficina de prensa de ARESEP un descargo sobre este caso, sin embargo, al cierre de la nota no se recibió respuesta.