Jueza ordena aclarar destino de $600 mil de garantía por cese de concesión en mina Crucitas

solicitudPróximo 13 de abril concluirá audiencia donde se definirá monto que debe pagar empresa por daños ambientales

La jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Lorena Montes de Oca, solicitó al Banco Nacional que aclare el destino del depósito de garantía por un monto de $600 mil a favor de la empresa Industrias Infinito, tras el cese de la concesión de la mina Crucitas en noviembre del 2010.

Montes de Oca solicitó a la representante de la Procuraduría General de la República, Susana Fallas, dar un plazo de tres días al Banco Nacional para que comunique cuál es el proceso a seguir, ya que la garantía está vencida y el dinero no se puede transferir a la empresa minera.

La orden se dio en la audiencia pública que se llevó a cabo este lunes para que representantes del Estado, Industrias Infinito y sectores ambientalistas evacuaran sus dudas sobre la metodología utilizada por el peritaje que calculó los daños ambientales provocados en el proyecto Crucitas.

El abogado ambientalista, Álvaro Sagot afirmó que las preguntas de la empresa minera y la Procuraduría estaban dirigidas a menoscabar el trabajo del perito, y dijo que la posición se caerá en las conclusiones del proceso que se presentarán el próximo 13 de abril.

El trabajo realizado por los expertos sobre el impacto ambiental se tomará en cuenta para determinar el monto que debe pagar Industrias Infinito al Estado por los daños provocados. Parte de este monto se tomaría de la garantía de $600 mil.

Durante la audiencia, la Procuraduría dio a conocer que se concluyó el proceso sancionatorio contra tres funcionarios públicos que participaron en el proceso. Fallas señaló que no puede dar detalles al respecto, ya que se trata de un proceso en trámite.

El 24 de noviembre del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a Industrias Infinito para ejecutar el proyecto minero Crucitas.

Esta resolución se dio tras una demanda presentada por el representante de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), Jorge Lobo en contra de la empresa, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y al Estado, por el daño ambiental provocado por la tala de árboles.

Además el Ministerio de Público abrió un proceso el pasado 27 de octubre en contra cinco exfuncionarios de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles.

Dobles fue condenado a tres años de prisión por el delito de prevaricato, tras firmar un decreto de conveniencia para permitir la minería en el país en favor de la mina Crucitas, basado en hechos falsos.

En principio la Fiscalía solicitó seis años en contra del exjerarca, sin embargo los jueces dictaron la pena mínima. Los otros exfuncionarios acusados por el mismo delito fueron absueltos.