Jueza que impugna alza salarial a cúpula judicial: “La indignación me llevó a esto”

La lucha contra un alza salarial de entre 35% y 50% que aplicó la Corte Plena en el 2008 y 2010 para 46 puestos gerenciales del Poder Judicial-incluidos los 22 magistrados- se ha convertido en la consigna de una jueza que ha acudido a la Sala Constitucional para traerse abajo el acuerdo que cataloga como "escandaloso, desproporcionado y exhorbitante".

Se trata de la jueza laboral Silvia Elena Arce, quien en abril de este año presentó, junto a su colega Armando Elizondo, una acción de inconstitucionalidad contra dicho aumento. Movida por la indignación, asegura que decidió actuar aunque signifique luchar contra la cúpula judicial.

La acción está bajo estudio de los magistrados del Tribunal Constitucional, donde su presidente, Ernesto Jinesta, fue inicialmente recusado porque ya se había manifestado a favor del incremento en la sesión que lo aprobó. Aún así votará el caso, pues pese a que los magistrados titulares en un principio se inhibieron, lo mismo hicieron los suplentes y el asunto regresa entonces a los propietarios, situación que Arce asegura viola su derecho a una justicia imparcial.

La juzgadora, quien ahora ha recibido apoyo de los diputados Ottón Solís, Patricia Mora y Edgardo Araya, que están de coadyuvantes en la acción de inconstitucionalidad, conversó con AmeliaRueda.com y este es un extracto de la entrevista.

¿Qué los motivó a presentar esta acción de inconstitucionalidad?

El año pasado (2016), entre octubre y diciembre, reportajes en el Semanario Universidad y en La Nación informaron que varias instituciones habían creado, administrativamente, beneficios salariales para grupos de sus funcionarios en porcentajes totalmente inusuales de aumento de salario. Por regla general de unos 10 años para acá los aumentos por costo de vida que decreta el Gobierno para salarios del sector público no superan el 4 o 5% y a veces ni el 1%.

Cuando yo leo eso y veo que el Poder Judicial en el 2008 había acordado en el órgano administrativo más alto, la Corte Plena, un incremento de un 35% del salario base en un componente salarial para 46 puestos, que incluía a los 22 magistrados que integran la Corte, me causó muchísima indignación. Yo diría que esa fue la verdadera motivación: la indignación. No podía creerlo.

En la acción de inconstitucionalidad, ustedes destacan un deber moral de expresarse sobre este tema....

Yo no le voy a decir que uno es heroico. Obvio que yo lo pensé, vea que al principio yo se lo llevé a un diputado, pero cuando me di cuenta que el diputado no iba a hacer nada yo decidí asumir las consecuencias porque no iba a permitir que el miedo me impidiera actuar. Yo tal vez tengo una relativa ventaja frente a otras personas, que no tengo hijos, pero mi compañero Armando sí. Cuando él me dijo que firmaba la acción de inconstitucionalidad conmigo yo le dije: “usted tiene hijos, yo no. Si nos despiden no me quiero sentir responsable”. Él dijo que era consciente de lo que estaba haciendo. No nos podíamos quedar callados y conforme fuimos investigando la indignación fue creciendo.

¿Los actos impugnados datan de 2008 y 2010, por qué es hasta el 2017 que toman esta decisión?

Le voy a ser honesta, hay compañeros míos que viven muy pendientes de las actas de Corte Plena y el Consejo Superior, yo no. Yo recuerdo que hace unos años se hizo un gran movimiento porque ya se veía que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial iba hacia el desastre. Yo le voy a ser honesta, en cuestiones administrativas yo no me involucro mucho. Fue hasta que lo leí en la prensa y me puse a investigar, aunque sí le puedo decir que de estos asuntos había mucha gente enterada desde que ocurrieron en el 2008. Solo que fue hasta abril del 2017 que dos personas se atrevieron a impugnarlos, pero muchísima más gente y organizaciones gremiales lo sabían. Lo que no entiendo es por qué no pusieron acciones de inconstitucionalidad o denuncias penales al siguiente día de que quedó aprobado, porque yo lo hubiera hecho. Incluso, a mí me extraña que algunos magistrados que se opusieron no lo hicieran.

¿Qué pasó con la medida cautelar urgentísima que solicitaron, la suspensión inmediata del aumento en sueldos de magistrados propietarios y suplentes, así como su aplicación en el cálculo de jubilaciones otorgadas a partir del momento en que se interpuso la acción?

No se ha resuelto. Como si no fuera suficiente con las barbaridades que se vieron hasta aquí, la Sala Constitucional recibe la acción, se inhiben los magistrados propietarios y un suplente que está ahí desde hace dos años, José Paulino Hernández. Ellos se inhiben, nombran siete magistrados suplentes que también se inhiben.

Entonces hay una desafortunada norma en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece que cuando se inhiben los suplentes, los propietarios vuelven a conocer el asunto y quedan libres de cualquier forma de responsabilidad penal o civil por lo que resuelvan. Eso es un portillo muy peligroso, restituyen otra vez a los propietarios, entre los que está Ernesto Jinesta, quien fue uno de los abanderados incondicionales del aumento y Fernando Cruz, que se pronunció en contra, o sea que ya conocemos sus posiciones.

Yo estoy denunciando (ante Fiscalía General) a la magistrada suplente instructora que se llama Aracelly Pacheco, quien casualmente fue una de los que firmó el voto en el que se eliminó el tope a las pensiones del Poder Judicial.

Así que si es necesario voy a ir a órganos internacionales porque no puede ser que me atropellen el derecho a una justicia imparcial. Nos están ofendiendo, no nos tratan como personas inteligentes. Lo que me duele es que si esto se difunde a nivel internacional el país sale muy mal parado y eso puede afectar la inversión extranjera.

En la acción no se ahorran calificativos para describir el aumento. Escandaloso, irrazonable, desproporcionado, exhorbitante, desmesurado, innecesario, inconveniente para la comunidad nacional… ¿Cuál es el mayor agravio que produjeron estas alzas?

De hecho le puedo decir que como lo revisamos tres personas bajamos el nivel de calificación. Se recortaron calificativos. Algunos comentaristas y diputados han hablado incluso más fuerte contra los acuerdos y lo peor, lo que a mí más me duele, es que hayan sido jueces que se suponen son probos, intachables e incuestionables.

La mayoría seguimos pensando que trabajar en el Poder Judicial es un honor, pero debe haber reciprocidad y respeto y lo peor es que esto lo declararon jueces.

¿Eran poco competitivos los salarios de la cúpula gerencial compuesta por 46 personas?

Para justificar el incremento hicieron comparaciones con gerentes de bancos, gerentes de cooperativas, entre otros cargos, pero lo más importante en la función pública es la vocación de servicio. Además, esos salarios no eran malos, pues tal vez no eran para enriquecerse pero sí para dar un nivel de vida decoroso y, bien administrado, incluso para darse oportunidades que no tiene la gran mayoría de la población de Costa Rica, como viajar fuera del país, pagar posgrados, hoteles en la playa, etc.

¿Cuál ha sido la reacción de sus colegas tras interponer esta acción de inconstitucionalidad? ¿La apoyan?

La mayoría de compañeros, jueces de primera y segunda instancia, y todas las materias me felicitan en secreto o en mi correo personal, me dicen que soy valiente. Hay otros que me dicen que mi cadáver va a aparecer en el Zurquí, que me van a poner droga en la oficina, que soy una kamikaze.

¿Pero eso se lo dicen en son de broma?

Sí, pero vea el nivel de miedo que hay. También abogados litigantes que me felicitan, me dicen que están rotundamente de acuerdo. Nadie me ha dicho que estos señores [cúpula gerencial del Poder Judicial] se merecían este aumento salarial.

¿Ha sentido algún tipo de presión de la cúpula gerencial, alguna reacción negativa?

Sí, claro que sí, dos. Mire, la primera es algo graciosísimo. Me abrieron una causa disciplinaria porque el equipo de computo falló y no se grabó bien una audiencia en la que yo recibí testigos. Eso es algo que le ha pasado a todo el mundo en todas las materias, ya sea penal, civil o laboral. Yo pensé que lo iban a desestimar de primera entrada, que también se puede hacer, per la causa continuó en la Inspección Judicial. Llevé testigos, documentos y al final me condenaron en octubre. Dijeron que yo era la responsable, que debí haber cuidado el equipo, y que me ponían una amonestación. Por eso no me suspenden, pero fíjese que por esa tontera si yo quiero concursar por un puesto más alto ya tengo una mancha en el expediente y fue el equipo de cómputo el que falló y no yo.

¿Usted relaciona ese hecho con la presentación de esta acción de inconstitucionalidad?

Sí, porque fue al Consejo Superior del Poder Judicial y si se acoge la acción los sueldos de los integrantes del Consejo Superior también se verían rebajados.

¿Y cuál es el otro hecho?

Hace unos meses un señor juez al que le tengo aprecio y que está encargado por Luis Porfirio Sánchez [magistrado de la Sala Segunda] de un programa de reducción del circulante con ocasión de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, me llama y me dice: "¿Dónde querés ir? ¿Alajuela, Heredia, Cartago, San José? Porque estamos haciendo secciones emergentes de segunda instancia para reducir la cantidad de expedientes acumulados." Le digo: "Es que yo tengo unas lesiones en las corneas y necesito un ventanal." Me dijo que buscarían una oficina con ventanal. Entonces cuando llego a conversar con él para trabajar en el Primer Circuito Judicial (San José), me buscaron una oficina con un ventanal y a mí se me hacía rarísimo.

Cuando vamos saliendo me preguntó: "¿Cuándo empezamos? Pero eso sí, te quedás tranquila y dejás de pelear." Eso fue como en agosto, entonces al final decidí mejor no aceptar el puesto, le envié una nota diciendo que no podía tomarlo.

¿Eso hubiera significado un ascenso para usted?

Sí, claro, y más dinero. Pero yo le dije que no estoy de peleona, lo cual me molestó porque lo sentí como una condición. Yo lucho contra las injusticias, entonces ese día escribí que por motivos personales no podía trasladarme a trabajar al Primer Circuito.

Yo creo que es parte del precio que uno tiene que pagar. Como dijo una vez Ottón Solís: Está bien que digan que soy tonta, pero no pueden decir que no soy honesta.

¿De declararse inconstitucional el aumento, qué pasará con los incrementos de esa cúpula?

De declararse inconstitucional, rebajarían los salarios de todos los beneficiados, básicamente en los mismos porcentajes que fueron incrementados. Bajarían las pensiones y las cesantías.

El aumento, señalan ustedes, rompe el límite constitucional de la moral. ¿Cuál es ese límite constitucional de la moral?

Cuando se habla de la moral en derecho no se alude a la moral de una religión o un grupo socioeconómico, sino en un sentido general de lo que es justo, decente o universal. Imagínese que usted tenga una servidora doméstica buenísima, usted le paga muy bien y ella llega y le dice que se auto decreta un aumento salarial de 35% y usted lo tiene que pagar y se calla. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que a todos los contribuyentes del país les parece inmoral esto. Y no hay parámetro de comparación ni en el sector privado ni público.

Mencionan ustedes que los magistrados de Corte Plena incurrieron en aquellos momentos en actos susceptibles de ser investigados penalmente. ¿Han considerado presentar una denuncia penal?

Sí, lo he valorado y de hecho estoy redactando la denuncia, porque me temo que con esta genialidad que se sacaron de rehabilitar los magistrados propietarios ya sabemos cuál va a ser el destino de la acción. Y yo creo que esto no puede quedar impune. Espero presentarla antes de que termine el año.