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Justicia peruana analiza pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori

Audiencia de este domingo decidirá si envía a la cárcel por 36 meses a la hija del expresidente

La justicia peruana realizará una audiencia, este domingo, para decidir si envía a prisión preventiva durante 36 meses a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, a raíz de supuestos aportes ilegales del gigante brasileño Odebrecht a su campaña del 2011.

Cuatro días después de ser liberada por una corte de apelaciones, luego de pasar una semana detenida por el mismo caso, el destino de la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) está otra vez en manos de la justicia.

El nuevo pedido de la Fiscalía sería por el máximo plazo contemplado por la ley (36 meses), lo que amenaza la aspiración de Keiko de ser candidata presidencial, por tercera vez, en el 2021.

Su abogada, Giuliana Loza, criticó la petición del fiscal y lamentó haber tenido apenas 24 horas para preparar la defensa en un proceso tan complejo, diciendo que fue notificada el sábado para la audiencia de este domingo a las 10 a. m. (hora local).

Lea: Tribunal peruano ordena liberar a la opositora Keiko Fujimori.

"¿Es posible analizar 9.717 páginas (del expediente judicial) en ese tiempo para preparar la defensa?”, escribió en Twitter la defensora, quien calificó el pedido del fiscal como "un atropello y un abuso".

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, pidió prisión preventiva, el viernes, para 12 dirigentes y cuadros fujimoristas, encabezados por Keiko, a quienes acusa de recibir y encubrir 1,2 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko en el 2011.

La petición debe ser resuelta por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, contra quien Keiko presentó una petición de que sea apartado del caso, aunque la justicia no la ha tratado hasta ahora.

Keiko, de 43 años, fue abanderada presidencial en el 2011 y 2016. Perdió las dos veces en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), respectivamente, quienes también son investigados por supuestos aportes de Odebrecht.

Otros dos expresidentes peruanos también están bajo la lupa de la Fiscalía por la misma causa: Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos, y Alan García (2006-2011).

Cuatro expresidentes

Un exjefe de Odebrecht en Lima, el brasileño Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos que su empresa repartió dinero entre Keiko y los cuatro expresidentes en las campañas del 2006 y 2011, aunque todos ellos lo niegan.

Además de Keiko, Ollanta y su esposa Nadine Heredia han sido los únicos en ir a prisión preventiva por el escándalo de Odebrecht en Perú, pues permanecieron en prisión preventiva durante nueve meses.

El fiscal Pérez pidió la prisión preventiva para Keiko después de ser liberada el miércoles por una corte de apelaciones tras pasar una semana en prisión preliminar.

Lea: Detienen en Perú a líder opositora Keiko Fujimori por supuestamente recibir fondos de la constructora Odebrecht.

Los líos judiciales de los Fujimori vienen conmocionando a los peruanos desde hace casi un año, lo que ha afectado la popularidad de Keiko, la principal líder política de Perú.

También, ha perdido apoyo su partido, Fuerza Popular, que gracias a su cómoda mayoría en el Congreso mantuvo maniatado al entonces presidente Kuczynski en sus 20 meses de Gobierno hasta forzarlo a renunciar en marzo.

Sin embargo, el actual presidente Martín Vizcarra ha contenido los embates del Congreso, ganando popularidad por enfrentarlo abiertamente.

Keiko también libra una guerra fratricida con su hermano Kenji, de 38 años, por el legado político de su padre, de 80 años, quien conserva popularidad por haber acabado con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y controlar la hiperinflación heredada de su antecesor Alan García.

En tanto, el patriarca del clan permanece internado en una clínica de Lima bajo custodia policial desde que hace dos semanas la justicia peruana anuló el indulto que obtuvo en diciembre mientras cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción.