Plan de justicia restaurativa recibe aval en Congreso pese a oposición de Fiscalía e Inamu

aprobación​Proyecto de ley fue votado en segundo debate en la Comisión Plena Primera

Pese a la oposición expresa de la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Asamblea Legislativa aprobó este lunes la ley de justicia restaurativa.

La iniciativa contó con el respaldo de 18 de 19 diputados miembros de la Comisión Plena Primera que avaló el expediente 19.935 en segundo debate. El único que votó en contra fue el legislador Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN)

Como lo señala el propio texto legislativo "la justicia restaurativa se plantea como una herramienta alternativa a los procesos tradicionales de Justicia Retributiva en la solución integral del conflicto, creando una cultura de paz que impacta cuantitativa y cualitativamente en el Poder Judicial".

La iniciativa incluye tres programas: para para personas ofensoras mayores de edad en conflicto con la ley penal, para personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.

Esta modalidad ya existe, sin embargo, se planteó como legislación para darle solidez y contenido económico.

Oposición

Tanto la Fiscalía como el Inamu mostraron su rechazo a la iniciativa tal y como estaba al momento de la aprobación, por lo que solicitaron cambios a la misma.

En el caso del Ministerio Público, se indicó que existían aspectos que afectaban a las víctimas.

"Creemos que es una buena forma de resolver conflictos entre las personas que han sido puestos en conocimiento de la administración de justicia, pero este proyecto de ley tiene que ser reformado y ajustado en tres aspectos: que afectan la independencia del Ministerio Público, que afectan a las mujeres víctimas de violencia y que afectan el presupuesto que está destinado para las mujeres víctimas de violencia", dijo la fiscal general de la República, Emilia Navas.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio Público en total se estarían dejando de percibir ¢300 millones anuales para la atención en trabajo social, psicológica y legal de las víctimas de violencia.

Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, señaló que existe una incongruencia en el texto en discusión que debe subsanarse antes del segundo debate para excluir de cualquier beneficio a los violadores sexuales y agresores de género.

El proyecto ahora pasará Presidencia, donde deberá ser firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y publicado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia.