Letrado de Gamboa llamó en al menos 5 ocasiones a diputados que estudian levantamiento de inmunidad

El letrado del magistrado Celso Gamboa Sánchez, Justo Pastor López, llamó en al menos cinco ocasiones al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio Delgado, así como al legislador de Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, quienes ahora forman parte de la comisión legislativa que analiza la solicitud de levantamiento de inmunidad a Gamboa para que enfrente una acusación por tráfico de influencias.

Así lo denunció el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien también forma parte de la comisión que analiza el caso.

Araya dijo este jueves en el programa radial Nuestra Voz que el , Pastor realizó llamadas a sus colegas en el 2017, cuando en ese momento se discutía en el Congreso el caso del cemento chino.

"Ahí hay un registro de llamadas telefónicas, en ese expediente (el de la acusación contra Gamboa), en donde Justo Pastor en lo más y mejor del cementazo hace una serie llamadas a Juan Luis Jiménez y Marvin Atencio. Yo lo que quería es que fuera completamente transparente para que no pareciera que se está ocultando nada", denunció el legislador quien también forma parte de la comisión especial.

Este miércoles por la tarde, los tres diputados que estudian el levantamiento de la inmunidad de Gamboa se enfrascaron en una discusión por la negativa a hacer público el expediente judicial del juez superior al que se le investiga por tráfico de influencias en favor del alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

El Departamento de Servicios Técnicos determinó que el legajo judicial debe permanecer confidencial, mientras que el expediente legislativo debe permanecer público, incluyendo sus sesiones y deliberaciones.

Araya aún así se mantiene firme en su criterio de que el expediente tiene que estar abierto, y llamó el hecho como bochornoso.

"¿Cómo hago yo para tener acceso al expediente? Me tengo que ir a meter todo el día (a la comisión) porque tiene 900 folios custodiado para evitar que yo no le tome una fotografía al expediente. ¿Qué es lo que se quiere proteger?", aseguró Araya.

Justo Pastor López se encuentra suspendido desde octubre del año anterior, luego de que el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, reveló en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, que Justo Pastor lo llamó en al menos cinco ocasiones para consultarle sobre el estado de una causa judicial interpuesta por el Banco de Costa Rica (BCR) contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.

Por esa razón, el Tribunal de la Inspección Judicial le abrió una investigación y resolvió que debe ser despedido. Esa decisión fue impugnada por López y está pendiente de ser resuelta por el Consejo Superior del Poder Judicial.

El asambleista afirmó que estará presentando un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para eliminar las trabas y que le den acceso al expediente, ya que desde su punto de vista no se rompe ningún secreto ni interrumpe alguna investigación porque ya pasó la fase preliminar y existen conclusiones de la fiscalía.

Por su parte, el abogado penalista Ewald Acuña explicó que, en lo jurídico, cuando se trata de una persona que se encontraba dentro de uno de los poderes de La República, las reglas y etapas son diferentes.

"En el proceso contra miembros de los Supremos Poderes tenemos evidencias de problemas en el diseño legal y constitucional del procedimiento. El procedimiento no es cierto que haya vencido la etapa preparatoria, primero porque no existe en estos juzgamientos y segundo porque parte de la etapa preparatoria es el levantamiento de la inmunidad. No es hasta después de que se levanta la inmunidad que se pone a conocimiento del imputado la acusación que existe en su contra", mencionó Acuña.

Por su parte, Araya estudiará a fondo el expediente para analizar si solicita sacar a Atencio y Jiménez de la comisión. "Más bien deberían ser los mismo partidos los que lo estudien por un conflicto de intereses", dijo.

Contra Gamboa, quien tendrá tres días para presentar un descargo ante el foro legislativo, pesa una investigación desde el 13 de noviembre anterior tras una publicación que realizó el diario La Nación donde se reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eliminó el nombre de Araya de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia iniciar el levantamiento de la inmunidad para que el magistrado enfrentara el proceso. El Tribunal acogió la petición y la trasladó al Congreso, entidad responsable de hacer los nombramientos en primera instancia.