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Juzgado descarta prisión preventiva contra detenidos por crédito irregular del Popular

​En su lugar, el tribunal dictó las medidas cautelares de firmar cada 15 días e impedimento de salida

El Juzgado Penal de Hacienda descartó la solicitud de seis meses de prisión preventiva contra los seis detenidos del pasado miércoles relacionados al presunto otorgamiento irregular de un crédito $5 millones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) a la empresa importadora de cemento chino, SINOCEM Costa Rica.

La mañana de este sábado, el Ministerio Público informó a través de su cuenta de Twitter que el tribunal rechazó la solicitud que habían solicitado el miércoles por la mañana, al momento al que la fiscala general Emilia Navas Aparicio detallaba el nombre de las personas que fueron aprehendidas en 11 diligencias entre San José y Alajuela.

En su lugar, el Juzgado dictó las medidas cautelares de firmar cada 15 días y de impedimento de salida del país.

Los sospechosos de cometer el delito de peculado son el gerente general y el gerente financiero de SINOCEM, un sujeto de apellidos Rojas Segura; un abogado de apellidos Cortés Zúñiga (representante de la compañía); un ejecutivo de negocios del Banco Popular de apellidos Gómez Barrantes (además investigado por supuestamente comercializar con el cemento chino); un analista de crédito de apellidos Bogantes Brenes; el director de Banca Comercial y miembro del Comité Gerencial de Crédito Pleno apellidado Alpizar Hidalgo; y el jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, de apellidos Delgado Negrini.

Justamente los últimos dos aprehendidos fueron arrestados en la sede central de la institución en San José, mientras que los demás fueron detenidos en los allanamientos dirigidos por la Fiscalía en tres casas de habitación situadas en Grecia y una en La Unión de Cartago.

Los operativos, iniciados a las 6:00 a.m., incluyeron diligencias en la Agencia Aduanal Aeromar, en Colima de Tibás; en la Agencia Naviera Transmares, en Escazú; otras tres sucursales del Popular en Mata Redonda, Pavas y San Pedro; y el Banco Improsa, en Barrio Escalante.

Específicamente en la agencia aduanera se pretendía localizar el detalle de la importación del producto para la construcción, mientras que en la naviera se deseaba determinar información sobre los buques que trajeron al país 40 mil toneladas de cemento desde China.

El operativo en el Improsa tiene que ver con la búsqueda de un contrato de fideicomiso, mientras que en el BPDC la búsqueda estaba orientada a ubicar expedientes bancarios y documentación general para que sea analizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e incorporada al expediente 17-13-033-PE.

El empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, figura como imputado en esta causa penal, por lo que, en próximas semanas, será trasladado al Ministerio Público para que rinda su declaración por estos hechos.

La Fiscalía investiga el otorgamiento de un crédito a la empresa Grupo JCB por parte Banco Popular por cinco millones de dólares, en donde el banco presuntamente autorizó una línea de crédito por ese monto sin hacer el análisis de capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías, tal y como fue informado por Navas Aparicio el pasado jueves.

Para la obtención del préstamo, la compañía justificó que el dinero se usaría para la importación de cemento chino, pero otorgó como prueba las misma Declaración Única Aduanera (DUA) que entregó al Banco de Costa Rica (BCR) como garantía para un crédito. Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes.

Adicionalmente, la entidad bancaria otorgó el 26 de abril de 2017 un refinanciamiento por otros $4,5 millones en el plazo de 15 años a pesar de que el préstamo anterior permanecía en mora y a que existían alertas para detener el trámite, de acuerdo con la declaración de la Fiscala General.

El escándalo del cemento chino tiene que ver con la aprobación de más de $30 millones en créditos a Bolaños Rojas por parte de la banca pública a través de una supuesta red de tráfico de influencias entre miembros de los tres Poderes de la República.

Actualmente, Bolaños Rojas descuenta prisión preventiva mientras es investigado por tráfico de influencias y peculado.