Ley de aguas recibe aval del Congreso pese a oposición de Frente Amplio

Tras una larga discusión en el Plenario que se extendió hasta las 11:48 p.m., el expediente 17.742 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico recibió este jueves el aval de la Asamblea Legislativa, pese a la oposición que mostró la fracción del Frente Amplio desde un principio.

El texto fue aprobado en primer debate con 41 votos a favor provenientes de las mayoría conformada por las bancadas de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Oncelegisladores votaron de forma negativa.

La polémica que generó el proyecto de ley radica en que se tomó el texto presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular y se planteó uno sustitutivo que cambió la mayor parte del inicial.

Uno de los puntos que más criticó la bancada frenteamplista fue la eliminación de los consejos de cuenca que involucraba a la ciudadanía en la gestión del recurso hídrico.

Según los opositores, este proyecto beneficia a los sectores productivos mediante la equivalencia del consumo de una casa de habitación con, por ejemplo, una finca ganadera de 35 hectáreas y la reducción de las por contaminar agua, entre otros.

El Frente Amplio también cuestionó la manera en la que se dio el texto sustitutivo, ya que aseguraron que se hizo de manera atropellada y que incluso se votó a favor una moción para eximir de lectura el documento en el Plenario.

Del otro lado de la moneda, los defensores del proyecto de ley aseguraron que permanece la protección del líquido y el manejo quedará todavía en manos del Estado.

El Gobierno respaldó esta iniciativa señalando la necesidad de renovar el marco jurídico de la gestión del recurso hídrico.

"Somos conscientes que el país requiere de un nuevo marco legal que impulse la planificación y los estudios con visión de cuencas hidrográficas, que fortalezca la acción institucional, que asegure el agua como un bien de dominio público y el derecho humano al acceso del agua potable de calidad y cantidad adecuada, que fiscalice su uso, penalice la perforación ilegal de pozos y la contaminación de las fuentes de agua, y que promueva la participación ciudadana y fortalezca la institucionalidad, entre otros aspectos primordiales", señalaron el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en un comunicado de prensa conjunto.

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria también respaldó el expediente y señaló que cumple a cabalidad con el proceso de consulta a las partes involucradas.

El martes anterior se tenía prevista la votación en primer debate la iniciativa, sin embargo, el Frente Amplio rompió el quórum para impedir que esto sucediera.

El proyecto deberá llevar a consulta el proyecto a la Sala Constitucional, la cual deberá definir si la propuesta aprobada en Plenario tiene conexidad o no con el fondo inicial de la iniciativa popular.