Ley que reduce refugio Gandoca-Manzanillo no contempla impacto ambiental, según asesor legislativo

La ley que cede parte del territorio del refugio nacional de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, a comunidades radicadas en esa zona y que fue aprobada por los diputados el lunes anterior no contempla el impacto ambiental, según advirtió el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

El Congreso aprobó la iniciativa, denominada Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, que busca evitar el desalojo por parte del Estado de los habitantes que están dentro de ese refugio.

El especialista en el tema ambiental del Departamento de Servicios Técnicos, Geovanny Rodríguez, manifestó que no se tomaron en cuenta aspectos como el cambio climático.

ESPECIALISTA DE SERVICIOS TÉCNICOS del congreso, GEOVANNY RODRÍGUEZ

La propuesta, bajo el expediente 18.207, fue votada en primer debate en agosto de 2012, pero se vino abajo después de que la Sala Constitucional resolvió una consulta constitucional y señaló errores en el procedimiento legislativo.

En esa ocasión, los magistrados determinaron que el proyecto no tenía un estudio técnico que lo respaldara y determinó que violentaba el artículo 50 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano a los ciudadanos.

El 13 de setiembre de 2013 se preparó un nuevo texto que, sin embargo, tampoco contenía los criterios necesarios para aprobar la medida, manifestó Rodríguez, quien cuestionó que la ley ni siquiera cuenta con un mapa que muestre cómo cambiarán los límites de la reserva.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Céspedes, criticó la legislación actual porque desde que se creó el refugio en 1985 solo se permite en esa zona hacer labores de investigación y ecoturismo.


diputado del pusc, walter céspedes

El refugio Gandoza-Manzanillo se encuentra ubicado en Limón y ocupa alrededor del 70 por ciento del Caribe Sur, con 5.013 hectáreas terrestres y 4.436 hectáreas marinas.

La nueva ley establece una reducción del 4 por ciento de su territorio, pero según Rodríguez, al sacar las medidas en un mapa, es un 12 por ciento.