La Constitución Política y las leyes que obligan al Gobierno a destinar parte del presupuesto a rubros específicos están ahogando a las "arcas del Estado", coincidieron especialistas en Economía y Gobernabilidad entrevistados en el programa Nuestra Voz.
Por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debe recibir el siete por ciento del impuesto sobre la renta y el Ministerio de Educación el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en la práctica no ocurre.
La directora de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, Mayra Calvo, señaló que se han aprobado leyes y reformas constitucionales sin estudios previos que garanticen su sostenibilidad financiera, pese a tres artículos de la Constitución que lo impiden.
#nuestravoz Calvo: Por ejemplo, el 34% y el 22% está comprometido por la Constitución y las leyes, respectivamente— ameliarueda (@ameliarueda) November 1, 2013
Para el economista Alberto Franco, los destinos específicos son "críticos". Estas leyes deben recibir contenido económico o suspenderse transitoriamente hasta no encontrar financiamiento, apuntó.
#nuestravoz Franco: Cumplir las leyes que establecen destino específico de presupuesto obligarían a duplicar la carga tributaria— ameliarueda (@ameliarueda) November 1, 2013
El gerente del BAC, Gerardo Corrales, destacó la importancia de resolver el 10 por ciento de recaudación faltante del PIB y de consolidar la transparencia de asignación de recursos públicos.
#nuestravoz Corrales: El tico tiene deber de pagar impuestos pero también tiene derecho de conocer en qué se gasta su plata— ameliarueda (@ameliarueda) November 1, 2013
De acuerdo con el documento de Consolidación Fiscal presentado por el Ministerio Hacienda la semana anterior, el Poder Ejecutivo ya solicitó en el pasado a la Asamblea Legislativa la derogatoria de las leyes que establecían destinos específicos sin su correspondiente fuente de financiamiento.
Sin embargo, los proyectos de ley presentados en el período 2001-2003 recibieron dictamen negativo en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y luego fueron archivados por el Plenario.
