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Magistrados titulares de Sala IV se abstienen de conocer consulta sobre reforma a pensiones

​Altos jueces alegan que ya se han pronunciado sobre el tema en sesiones de Corte Plena

Seis magistrados titulares y uno suplente de la Sala Constitucional se inhibieron de conocer una consulta legislativa que realizó un grupo de diputados para determinar si tiene o no vicios de inconstitucionalidad el proyecto de ley que pretende reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial.

Dicha iniciativa fue aprobada por los diputados en primer debate el 30 de octubre, con 31 votos a favor y siete en contra, y pretende una serie de cambios en el sistema de jubilaciones de los empleados judiciales, el cual enfrenta problemas, pues se proyecta que tendrá un déficit de ¢5,3 billones, según estudios actuariales elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR) .

Los magistrados constitucionales alegaron que ellos se abstendrán de votar la consultar que hicieron un grupo de legisladores, en razón de que han participado en discusiones de Corte Plena donde se han referido al tema de pensiones.

Hay "una relación previa de los magistrados propietarios con el objeto de la consulta", informó la Sala por medio de un comunicado de prensa.

Por ejemplo, en la sesión de Corte Plena del 20 de junio del 2016, el presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, manifestó: "Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”.

También el alto juez Fernando Cruz, quien sobre el tema en cuestión expresó: "Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que nuestras jubilaciones no pueden ser pauperizadas o diezmadas (...)", según un artículo publicado por La Nación en octubre del 2016.

Los magistrados constitucionales que se inhibieron son: Ernesto Jinesta (presidente), Fernando Cruz, Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Nancy Hernández, Paul Rueda y José Paulino Hernández (suplente).

Ahora la tarea de resolver la consulta que realizaron los diputados recae sobre magistrados suplentes.

El proyecto de ley aprobado en primer debate aumenta la edad de jubilación a 65 años e impone un tope de ¢4 millones como pensión máxima; actualmente, algunas superan los ¢9 millones.

Además, a los futuros pensionados se les otorgará el 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos. Actualmente, se otorga el 100% de los últimos 24 meses.