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​MECO defiende factoraje legal ante investigación panameña

​Constructora señaló que colaboraron con Fiscalía de ese país y no existe una causa penal en su contra

La constructora MECO aseguró este miércoles que el factoraje que realiza en obras en Panamá se encuentra completamente apegado a la normativa y que es una práctica del comercio permitida por ley.

El gerente regional de desarrollo de negocios de la empresa costarricense, Marco Méndez, reaccionó en el programa Nuestra Voz sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción del país sureño en un caso conocido como "Blue Apple Services (BAS), la cual analiza pagos millonarios a exfuncionarios públicos entre el 2011 y 2012.

"La señora procuradora (panameña) dice expresamente en sus declaraciones que el factoraje es un acto legal y correcto de comercio que se da en Panamá y este descuento de facturas es habitualmente utilizado por todos los contratistas del estado panameño", argumentó el representante de MECO.

Méndez aseguró que cuando conocieron la investigación se acercaron de manera voluntaria a la Fiscalía para rendir declaraciones sobre el factoraje que llevaban a cabo dejando claro que no existía ninguna irregularidad en las transacciones.

"La Fiscalía se dio por satisfecha de las aclaraciones y colaboración que brindamos al punto de que no existe ninguna causa en contra de nosotros, y más allá de ello, se dio el archivo relacionado a constructora MECO de este caso", manifestó el gerente.

El representante de la compañía indicó que solicitaron a las autoridades panameñas una notificación de que no están siendo imputados, no obstante, para no entorpecer el proceso aguardarán al momento preciso para hacerlo.

En un comunicado de prensa del Ministerio Público divulgado el lunes anterior, se dio a conocer el inicio formal de una pesquisa el pasado 11 de setiembre, por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita; todos ligados al pago indebido a empleados públicos a través de sociedades anónimas por montos de hasta los $40 millones.

Además de MECO, la Fiscalía indaga vínculos con las empresas Constructora Conalvias S. A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.

Según consta en el anuncio oficial, los hechos apuntan a que "exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Ministerio de Vivienda (MIVIOT) le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución".

La investigación inicial señala que cuando las empresas no realizaban los desembolsos, se les dificultaba las gestiones de cobro por avance de proyectos.

Fotografía tomada del sitio web de Meco.