Menguan las esperanzas de una salida negociada en crisis en Cataluña

A tres días del voto en el Senado del plan del gobierno para una toma de control directa de Cataluña para frenar el proyecto independentista de su presidente, ninguna de las partes mostraba este martes signos de apaciguamiento.

El viernes el Senado debe dar luz verde a la destitución del presidente regional y su gabinete propuesta por el gobierno español, que exige una rectificación total de los líderes independentistas para renunciar a esta medida nunca aplicada hasta ahora.

Entre las medidas solicitadas está también la supervisión de la actividad del parlamento regional dominado por los partidos independentistas, la toma de control de la policía y los medios de comunicación públicos de la región.

El martes Carles Puigdemont seguía sopesando si iría en persona ante el Senado en Madrid para presentar alegaciones en contra de esta decisión, que desembocaría en una suspensión de competencias de su autonomía sin precedentes desde que el país volvió a la democracia en 1977 tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

"Dialogaremos (...) e iremos a hablar con esa realidad que no nos acaba de entender", afirmó el lunes por la noche.

Su presencia sería interpretada como un signo positivo pero se le pedirían muchos pasos mas para evitar la aplicación de esas medidas, advirtieron varios miembros del gobierno el martes.

La semana pasada, el gobierno conservador Mariano Rajoy ofreció a Puigdemont la posibilidad de convocar elecciones regionales para evitar la suspensión del autogobierno pero este martes la desconfianza reinaba.

"En este momento el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones", advirtió el ministro de Justicia Rafael Catalá a la radio pública RNE.

Además, debe señalar "expresamente si se ha producido o no esa declaración de independencia que con tanta ambigüedad están manifestando", explicó.

Al mismo tiempo, en Barcelona, los partidos independentistas preparaban un pleno parlamentario para el final de semana donde podrían declarar la secesión si el senado vota las medidas.

Después del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, que según las cifras del gobierno regional contó con una participación del 43% y un apoyo a la secesión del 90% de los votantes, los militantes separatistas esperaban la proclamación de una República independiente.

Presionado por los sectores más radicales del independentismo, Puigdemont ha evitado hasta ahora responder al gobierno de manera clara sobre si se ha declarado o no la secesión de esta región del noreste de España, orgullosa de su idioma y cultura propias y muy apegada a su autonomía.

El partido de extrema izquierda de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), ajena al ejecutivo pero clave para su estabilidad, le pide que siga adelante pero también de la progresista ERC, que forma coalición de gobierno con el partido conservador de Puigdemont.

En cambio los sectores económicos muestran su preocupación, patente con el traslado de sedes sociales fuera de la región de unas 1.300 empresas.

Tanto la aplicación del 155 como la proclamación de una república llevarían a esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española a un escenario incierto.

Aplicar la suspensión del autogobierno se antoja complicado: difícilmente los líderes independentistas renunciarán a sus cargos por voluntad propio y los llamamientos a la desobediencia dentro de la sociedad catalana se multiplican.

Pero declarar la independencia agudizaría la ruptura en esta región, dividida casi a partes iguales sobre la cuestión, y agravaría aun más las perturbaciones económicas de las últimas semanas.

CaixaBank, el tercer banco más importante de España, reconoció este martes que sacó su sede social de Cataluña ante los retiros de ahorristas nerviosos por la incertidumbre política en la región, cuyas autoridades amenazan con declarar la independencia.