Nuevo proyecto incluirá observaciones de Fiscalía e Inamu en plan de Justicia Restaurativa

Los diputados de la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa presentaron este miércoles una iniciativa para reformar el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa tan solo 16 días después de que lo aprobaran en segundo debate, esto con el fin de incluir las observaciones que expusieron la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

De acuerdo con el legislador del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta Flórez-Estrada, el plan es poder hacer las correcciones sin poner en riesgo la viabilidad del proyecto, ya que, a su criterio, las medidas alternativas de condenas podría ser polarizada por algunos sectores, con lo que podría traerse abajo la totalidad del texto al que sólo le falta la firma del presidente Carlos Alvarado Quesada para convertirse en ley.

Por lo anterior es que el parlamentario insta al mandatario a firmar la Ley de Justicia Restaurativa en vez de vetarla, como lo ha estado analizando según el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort.

"Lo que hicimos fue un análisis de riesgo. Analizamos los riesgos de los distintos caminos y concluimos que esta (presentar una nueva iniciativa) era la opción menos riesgosa. ¿Qué es lo que pasa? La Ley de Justicia Restaurativa es una ley integral, una ley completa de más de 100 artículos. Si esa ley se devuelve a otra comisión y se entraba, y hay ánimo de entrabar el asunto, es mucho más fácil bloquear una ley de muchísimos artículos que un proyecto de tres o cuatro artículos. Yo no quiero personalizar el asunto, pero es claro que estas iniciativas de modernización del sistema de justicia penal tienen opositores. Hay sectores que creen que la solución es meter a todo el mundo a la cárcel y hemos tenido un debate fuerte en Costa Rica que se puede manipular y que se puede polarizar muy fácilmente", señaló Villalta.

El parche con el que el foro de facultades plenas pretende solucionar los errores de su versión previa cuenta con el apoyo de -al menos- los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio, según lo anunciaron representantes de cada una de las bancadas en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el Salón de Expresidentes.

La propuesta cuenta con tres artículos en los que se hacen las modificaciones que el Ministerio Público y el Inamu habían externado en reiteradas ocasiones antes de que la nueva integración del Congreso aprobara el expediente 19.935 el 11 de junio en sesión extraordinaria. Ese día, sólo el jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz Céspedes, se mostró en contra de la iniciativa porque la misma desviaría recursos de la Oficina de Atención y Protección de las Víctimas para financiar programas que están dirigidos a la readaptación de los ofensores.

Ese es una de las observaciones que había manifestado la Fiscalía, la cual estimaba un recorte de ¢300 millones anuales destinados originalmente para la atención en trabajo social, psicológica y legal de las víctimas de violencia.

Una reforma al artículo 6 bis de Justicia Restaurativa permitirá que los recursos se mantengan sólo para la atención de los afectados por delitos leves.

También se propone solventar un aspecto de redacción señalado por la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, que tiene que ver con una incongruencia en el texto para incluye a violadores sexuales y agresores de género en los beneficios de la nueva ley.

Como lo señala el propio texto legislativo "la justicia restaurativa se plantea como una herramienta alternativa a los procesos tradicionales de Justicia Retributiva en la solución integral del conflicto, creando una cultura de paz que impacta cuantitativa y cualitativamente en el Poder Judicial".

El plan incluye tres programas: para para personas ofensoras mayores de edad en conflicto con la ley penal, para personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.

Esta modalidad ya existe, sin embargo, se planteó como legislación para darle solidez y contenido económico

Fotografía de Carolina Bello May.