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Oficiales de seguridad privada podrán usar armas de fuego, falla Tribunal Contencioso

Acuerdo fue adoptado por Seguridad Pública el año pasado

Los oficiales de seguridad privada podrán volver a usar armas de fuego para ejercer su labor, según un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo dado a conocer este martes.

Se trata de la anulación total del acuerdo 2016-132-MSP publicado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que impedía que los oficiales de seguridad de diferentes empresas como centros comerciales, condominios, bancos y más, pudieran portar armas de fuego al brindar protección.

Además, la directriz -vigente desde mitad del año pasado- señalaba que solo podían portar armas de fuego los que contaran con previa autorización y los oficiales que servían de escoltas o que custodiaban camiones con mercadería de valor.

Según el fallo No. 122-2017-VI "por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, se declara la nulidad absoluta del Acuerdo 2016-132-MSP dictado el 24 de junio del 2016 por el Ministro de Seguridad Pública. Por conexidad, se declara la nulidad absoluta de los Comunicados 009-2016 de 6 de setiembre del 2016, 02-04-2017 de 18 de abril del 2017 y No. 04-06-2017 de 26 de junio del mismo año, todos dictados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública", reza el documento.

La Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines (ACES) se mostró en favor de la nulidad que se le dio al acuerdo de Seguridad Pública. La agrupación está conformada por un total de 37 empresas de seguridad y tienen a 17.000 agentes de seguridad de los 27.700 que están inscritos en el país.

“Eso es lo correcto, tenemos total respeto a la decisión tomada”, afirmó el director ejecutivo de ACES, Cesar Tapia consultado por AmeliaRueda.com.

Por su parte, en el Ministerio de Seguridad aseguraron que están estudiando el fallo y valorará la posibilidad de recurrir a las instancias pertinentes para apelar.

El acuerdo 2016-132-MSP fue publicado el 1 de setiembre del 2016 en el diario oficial La Gaceta y fue anunciado desde marzo del mismo año por Seguridad Pública.

Al momento de firmar la directriz, el ministro de Seguridad Gustavo Mata razonó como parte de los argumentos que la intención era reducir la criminalidad debido a la elevada tenencia de armas y el uso de estas en hechos delictivos.

En la directriz se señalaba que al 31 de mayo de 2016 habían registradas 30.292 armas de fuego, de las cuales 7.070 no se sabía dónde estaban pues pertenecían a 715 empresas que "se disolvieron o trabajan en la informalidad".