Ordenan investigar irregularidades que impidieron apelar informe de Procuraduría sobre Solís

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera, ordenó este jueves la apertura de una investigación interna para determinar los motivos por los que se mantuvo oculto un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en el que se solicitaba la desestimación del exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera del caso del cemento chino, lo que impidió a los diputados apelar esa decisión.

Ese documento estaba incompleto al momento en el que el expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, lo remitió a la Dirección Ejecutiva el 30 de abril -último día de la integración 2014-2018- para que esta lo reprodujese a los 57 legisladores, por lo que no se pudieron realizar ni entregar las copias en los tres días siguientes, que eran los que conformaban el periodo para la recepción de recursos de revocatoria.

La mañana de este jueves el director de la Asamblea, Antonio Ayales Esna, dio a conocer en el programa radiofónico Nuestra Voz que en reiteradas ocasiones solicitaron a Ramírez que enviara los dos folios que hacían falta, pero este indicó que no los tenía.

No obstante, el excongresista no reportó los faltantes ni el 26 de abril, cuando recibió el informe, ni el 30 de ese mes, cuando convocó a la sesión extraordinaria número 221-2018, para pedirle a Ayales la reproducción del texto.

En esa reunión sólo estuvieron presentes Ramírez, Ayales y la entonces primera secretaria del Directorio Legislativo, Carmen Quesada Santamaría.

Hidalgo solicitó una investigación interna para determinar los motivos por los que se perdieron las dos hojas, así como la fase del proceso en la que esto ocurrió, según lo aseveró en un video colgado en sus redes sociales.

La pesquisa fue validada por la Dirección Ejecutiva del Congreso en una respuesta que dieron por correo electrónico a AmeliaRueda.com, el cual pidió que se hicieran llegar las "evidencias" que Ayales aseguró tener sobre contactos con Ramírez. "Lamentablemente no podemos entregar ningún documento en este momento, en virtud de que se ordenó una investigación interna por parte de la Presidencia de la Asamblea y mientras no estén los resultados, constituyen parte de dicha investigación", dice el mensaje.

"Es inadmisible que se me acuse de querer ocultar un informe que para ese momento yo no tenía conocimiento y del que la Dirección Ejecutiva fue omisa en informarme sobre el plazo que estaba corriendo", manifestó la presidenta del Congreso.

De acuerdo con la parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), el 17 de mayo -15 días después de que venciera el plazo- se solicitó al órgano procurador una nueva copia del informe para hacérselo llegar al pleno. El documento completo fue recibido hasta el 22 de mayo y la Dirección Ejecutiva corrió, por orden de Hidalgo, para entregar una copia a cada uno de los legisladores con su respectivo sobre.

Este jueves, el sitio de noticias CRHoy.com dio a conocer el vencimiento del periodo de apelaciones -estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública- en medio de "secretismos" por parte de Ramírez y su sucesora, señalada de ser cercana al exmandatario.

La acusación que pesaba contra Solís fue planteada por una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa del cuatrenio pasado.

El foro señaló al expresidente de faltar al deber de probidad (honradez y transparencia) al presionar -según sus propias conclusiones- a través del ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, para que se acelerara el desalmacenaje de cemento traído desde China.

La Procuraduría argumentó, al desestimar la denuncia contra Solís, que no había suficiente prueba para demostrar el interés de este en que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento.

El empresario importador de ese producto, Juan Carlos Bolaños Rojas, actualmente descuenta prisión preventiva investigado por peculado.

También, la forma en que se otorgaron los millonarios créditos para la importación del cemento ha sido objeto de investigación tanto por la comisión legislativa como por el Ministerio Público.

Nuevo plazo

Este jueves, tal y como lo adelantó AmeliaRueda.com, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera, envió una carta al procurador de la Ética Pública, Rónald Víquez Solís, consultándole su criterio técnico para que se determinen cuáles eran los plazos aplicables para presentar apelaciones respecto al informe del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y si "jurídicamente es viable abrir un nuevo plazo para este tipo de actuaciones".

Fotografía: Alberto Zamora Calderón.