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Ordenan al MEP protocolo contra racismo tras denuncia de alumna contra directora de colegio

​Madre de la estudiante alegó ante Sala Constitucional que por varios meses se reportaron los problemas sin encontrar una respuesta administrativa 

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) la elaboración de un protocolo contra el racismo luego de que encontrara que deficiencias institucionales y normativas impidieran que una estudiante del Colegio Científico de San Ramón denunciara un caso de bullying de parte de su directora y compañeros.

Mediante la sentencia 2018-12095, el Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio y el Consejo Nacional de los Colegios Científicos presentado por la madre de la alumna, tras el rechazo de ayudas que solicitó a instancias de la primera de las instituciones, con la excepción de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, que adujo estar trabajando en el caso.

Según comunicó este viernes la Sala, una pericia de la Medicatura Forense acreditó que mientras la amparada asistía al centro educativo, presentó síntomas somáticos -ansiedad extrema que se refleja en lo físico- que podrían ser consistentes con el matonismo.

"La Sala pudo determinar que, a pesar de que la situación dicha, según se alegaba, ocurrió durante varios meses, y la niña y su madre denunciaron el problema ante distintas instancias, no encontraron una respuesta administrativa apropiada, porque, en la práctica, no existen canales administrativos eficaces para tramitar este tipo de quejas. De esta forma, saltó a la vista que la estructura institucional que opera y supervisa los colegios científicos resultó incapaz de enfrentar de forma oportuna y eficaz el supuesto hostigamiento que la tutelada sufrió", indicó el Tribunal en un comunicado de prensa.

Debido a lo anterior es que los magistrados constitucionales, por unanimidad, ordenaron al ministro del ramo, Édgar Mora Altamirano, y el Consejo Nacional de los Colegios Científicos, construyan un protocolo en el que se identifiquen y corrijan las deficiencias que impidieran que la denuncia por hostigamiento racista de forma eficiente.

Para ello tendrán un plazo de seis meses y deberán coordinar los esfuerzos con la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

La Sala estuvo integrada por los jueces Fernando Cruz Castro, quien presidió; Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Fernando Salazar Alvarado, José Paulino Hernández Gutiérrez y Martha Esquivel Rodríguez.