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Organizaciones religiosas participarán en creación de protocolo que regulará aborto terapéutico

Colectivos de derechos humanos también formarán parte del equipo de consulta

Grupos religiosos formarán parte del grupo de trabajo que elaborará la normativa técnica para la aplicación del aborto terapéutico en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó el director de Servicios del Ministerio de Salud, César Gamboa.

El médico señaló que estas organizaciones aportarán criterios una vez que se cuente con un documento base, con la finalidad de conocer sus criterios al respecto.

Gamboa aseguró que el Ministerio lleva a cabo este proceso previo a la consulta pública con la finalidad de hacer una construcción más participativa de los protocolos que se elaboran a nivel nacional.

Director de Servicios de Salud, César Gamboa

Además de grupos religiosos también participarán organizaciones de derechos humanos y defensores de las mujeres.

El Director indicó que estas agrupaciones pueden realizar aportes a la elaboración de la normativa, sin embargo, manteniendo claro el objetivo principal del protocolo.

La normativa que se elaborará pretende dar los lineamientos para que el personal de Salud no incurra en prácticas contra la ley y para que la mujer que tenga que interrumpir su embarazo por cuestiones de salud pueda recibir el tratamiento adecuado.

Aportes externos

El equipo técnico encargado de sacar adelante el documento de acatamiento obligatorio en los centros médicos de todo el país está en manos de diferentes organizaciones, incluyendo el Ministerio de Salud, la CCSS, la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

Gamboa indicó que aunque todo depende del desarrollo de la discusión, la meta es concluir la norma en un plazo de seis meses tal y como adelantó a AmeliaRueda.com el jerarca de Salud, Fernando Llorca.

El funcionario de Servicios de Salud y encargado de coordinar el grupo de trabajo, Allan Varela, señaló que todavía no se ha seleccionado a las organizaciones religiosas y de derechos humanos que participarán debido que se debe garantizar que sean lo suficientemente representativas de su sector.

El también médico señaló que la inclusión de estos grupos forman parte de un proceso para evitar discusiones y oposición cuando la normativa salga a consulta pública.

En el caso de las organizaciones de derechos humanos se recurrió a una solicitud de la Cancillería de la República para llegar a una "solución amistosa" a procesos en contra del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntamente impedir el aborto terapéutico en mujeres que lo requerían por motivos de salud.

Funcionario de Servicios de Salud, Allan Varela

Varela adelantó que en conversaciones previas que han tenido con las organizaciones se sugiere incluir en la normativa el acompañamiento profesional de la paciente posterior a la interrupción del embarazo con la finalidad de ayudar a superar el episodio.

También se plantea la consejería genética, es decir, investigar a la mujer que tuvo un aborto para determinar si existe causas genéticas que favorezcan esta situación.

Varela coincidió con Gamboa en que los aportes que hagan las organizaciones religiosas y de derechos humanos pueden modificar lo ya discutido por el grupo técnico si las sugerencias son válidas.

Aborto terapéutico en Costa Rica

El Código Penal del país establece una pena de uno hasta tres años de cárcel a la mujer que interrumpa su embarazo. La prisión será de seis meses a dos años, si el feto alcanzó menos de seis meses de vida intrauterina.

El artículo 121 señala la salvedad en el caso de los abortos terapéuticos: "No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".

Aunque la legislación permite esta práctica, carece de la normativa, es por ello que el Ministerio de Salud la elabora.

Este proceso de construcción del protocolo también permitirá cumplir con una de las metas del III Plan de Acción de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género que prevé mejorar el acceso para las mujeres al aborto terapéutico, así como mejora en la atención de la salud reproductiva de la población femenina.

Por otra parte, el sexto informe periódico de la situación de derechos humanos en Costa Rica del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dado a conocer el pasado 30 de marzo, recomendó incluir motivos adicionales para la aplicación del aborto, por ejemplo, en casos de violación, incesto o discapacidad fatal del feto.

En ese momento, el presidente del Comité, Fabián Salvioli, dijo a este medio que la prohibición en los otras situaciones podría inducir a la mujer a recurrir al aborto clandestino, colocando su integridad en una situación de vulnerable, agregó el miembro del órgano internacional.

Sobre esta recomendación, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, indicó que queda descartada debido a que no es prioridad para su Gobierno en este momento.