No hay conexión a internet 
Gira el telefono para mejorar navegación

Coronavirus
En Costa Rica

+
Nuevos
+
Fallecidos
Salón
0%
UCI
0%

Más datos

aquí

¡Muchas gracias!

Hemos notado que nos visitas regularmente, por lo que nos interesa conocer tu opinión de que mejoras podemos realizar.

Ortega logra aprobación de ley que amplía concepto de “terrorismo" para encarcelar a manifestantes

 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que la nueva legislación podría utilizarse para criminalizar protestas pacíficas

El régimen de Daniel Ortega logró a través de su representación en la Asamblea Nacional de Nicaragua la aprobación de dos leyes que amplían el concepto de "terrorismo", medidas que organizaciones internacionales y la prensa denuncian que está articulada para encarcelar a quienes financian las manifestaciones que se han sostenido por tres meses para pedir la salida del poder del mandatario.

Se trata de la promulgación de la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual serviría como un arma para que el gobierno persiga y criminalice a los ciudadanos, opositores, empresarios y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica de protestas.

En su redacción, el texto establece que el "terrorismo" es aquella acción en la que incurre cualquier persona que mate o lesione a quienes no participen en una oposición durante un conflicto armado, también todo aquel que dañe bienes públicos o privados para intimidar a la ciudadanía, así como quien altere el orden constitucional u obligue a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Dichos actos serán sancionados con entre 15 y 20 años de prisión.

Específicamente el capítulo de "financiamiento al terrorismo", castiga con la misma pena a quien recolecte y entregue activos, ilícitos o no, para llevar a cabo terrorismo o intentar hacerlo. La legislación propone que los castigos crezcan entre cinco y siete años si el delito se comete mediante el sistema financiero o por medio de un director o empleado de una entidad pública.

La ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo recibió el voto positivo de los 70 congresistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, oficialista), contra 11 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y 4 abstenciones de los legisladores de la bancada conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Partido Alianza por la República (APRE), todos aliados del orteguismo.

"No puedo entrar en mucho detalle sobre esa ley, pero es una ley que amplía el concepto de terrorismo para cualquier clase de actividad con la cual Ortega lo que quiere es hacer de Nicaragua no es solamente un gran cementerio sino una gran cárcel. Quiere llevar a la cárcel a cualquier persona que ha contribuido, que haya ayudado en la protesta cívica con una pequeña donación de dinero siempre y cuando se haya utilizado para la protesta. Quieren, evidentemente, perseguir a todos los empresarios u otro tipo de personas", explicó el director del sitio de noticias nicaragüense El Confidencial, Carlos Chamorro, este martes en Nuestra Voz.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que la ley sobre terrorismo puede usarse para criminalizar la protesta pacífica. "El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta", afirmó en una rueda de prensa el vocero de la Oficina, Rupert Colville.

El conflicto en el país vecino del norte estalló el pasado 18 de abril cuando Ortega firmó un decreto para reformar el sistema de seguridad social sin consultar a los sectores productivos y de trabajadores. A partir de ahí, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles para manifestarse contra la decisión, misma que fue derogada días más tardes con el objetivo de disminuir el enojo ciudadano, situación que finalmente no ocurrió.

Desde entonces, estudiantes universitarios y movimientos campesinos en general se mantienen atrincherados en centros de educación superior e iglesias al tiempo que levantan bloqueos en las principales carreteras del país con el fin de desacelerar la economía como medida de presión al gobierno, a los que se les suman constantes paros nacionales que son reprimidos por la policía y por fuerzas paramilitares a favor del régimen.

Los enfrentamientos entre ambos grupos dejan 351 víctimas mortales según organismos de derechos humanos independientes.

Crédito de fotografía: AFP.