País debe someterse a arbitraje por lío con minera Infinito, advierte Cámara Internacional de Comerc
Tratado de Libre Comercio con Canadá y acuerdo de protección de inversiones obligan a Costa Rica a acudir al proceso, según Presidente del ICC
28/08/14 | 10:56am
Costa Rica debe someterse al proceso de arbitraje internacional para resolver el lío que existe con la compañía minera canadiense, Infinto Gold.
Así lo advirtió este jueves la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) al señalar que el país está en la obligación de continuar el proceso de arbitraje ante el Centro para la Resolución de Disputas en Materia de Inversión (CIADI), adscrito al Banco Mundial.
De acuerdo con el presidente de la ICC para Costa Rica, José Rafael Fernández, el país se comprometió a acudir a procesos de arbitraje en el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá -firmado en 2002- y también en el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, de 1999. De esta forma el país no puede obviar su responsabilidad de someterse al procedimiento internacional.
El proceso de arbitraje ya inició en el CIADI desde que Infinito Gold presentó su solicitud, incluso ya la empresa minera y Costa Rica solicitaron la designación de dos de los tres árbitros que conformarán el tribunal.
El tercer árbitro lo designa el CIADI. Una vez conformado el tribunal éste órgano debe definir si tiene competencia o no para referirse al asunto en disputa.
Si los árbitros deciden que no existe competencia, pueden decretar un laudo y dar por concluido el proceso. De lo contrario iniciarán dos fases más, que se pueden prolongar hasta por tres años.
Para Fernández, Costa Rica debe presentarse al arbitraje y puede alegar con base en el artículo 13, inciso 3, sección D del Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, que ya existe un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo ratificado por la Sala Primera, el cual frenó la actividad de minería a cielo abierto en el proyecto Crucitas en Cutris de San Carlos.
El Gobierno contrató el pasado 20 de agosto una firma de abogados estadounidense llamada Arnold & Porter, con sede en Washington, que llevará la defensa de Costa Rica en el arbitraje por un monto de $1,7 millones.