País requiere investigación judicial para intercambio de información internacional sobre Alunasa

Costa Rica requiere que se inicie una investigación judicial para que pueda intercambiar información con otros países sobre el presunto lavado de dinero en el que estaría inmerso la compañía estatal venezolana Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa).

Este martes, el director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, explicó que es indispensable la apertura de la pesquisa para poder echar mano de detalles adicionales a los contenidos en un informe dado a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que se alerta que el nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, habría utilizado a la compañía situada en Esparza de Puntarenas para malversar fondos.

"Afortunadamente Costa Rica es parte de una red de unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, por lo que existe esa posibilidad de intercambio e investigación. Lo que sucede es que ya, cuando se activan todo esto, esta unidad de inteligencia financiera es cuando ha sido desarrollada o se está desarrollando una investigación a nivel judicial", indicó el funcionario en el programa radiofónico Nuestra Voz.

El director del ICD indicó que, antes de eso, son los bancos los entes que deben aplicar las diligencias necesarias para transparentar el origen de los fondos de sus clientes además de todas aquellas garantías que ofrecen estos a la hora de entablar relaciones crediticias.

Araya señaló que corresponde a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) evaluar las actuaciones de los bancos para determinar si es necesario sancionarles por alguna omisión.

Este lunes en el espacio de radio, el superintedente Bernardo Alfaro confirmó que siete entidades financieras -sin revelar sus nombres- decidieron tomar medidas contra Alunasa luego que de trascendiera la advertencia del Tesoro de EE.UU. Una de ellas es el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) que, según informó el diario La Nación el 19 de junio, cerró todas las cuentas de la empresa estatal sudamericana.

Dicho periódico reveló que el gobierno estadounidense remitió al país un informe en el que se detalla -sin especificar montos- que, en diciembre de 2016, Cabello ordenó al ejército designar empleados para lavar dinero por medio de la manufacturera de aluminio.

El documento sigue la línea de una comunicación que envió el 7 de junio anterior la Unidad de Inteligencia del ICD al Ministerio Público, cuyo contenido es de carácter confidencial, según lo establece la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La documentación norteamericana indica que el delito se cometió cuando la compañía estatal Industria Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede Alunasa en Costa Rica.

El poderoso militar y dirigente chavista figura en la lista negra de Estado Unidos, ya que el Departamento del Tesoro lo acusa de estar involucrado en narcotráfico, operaciones de extorsión y contrabando de minerales venezolanos. En la lista también figuran varios de sus allegados, entre ellos su hermano, José David; su esposa, Marleny Josefina Contreras, y su socio Rafael Sarría.

Al estar en lista negra, las autoridades estadounidenses pueden congelar cualquier activo dentro de su jurisdicción.

Por el delito de legitimación de capitales, en el país se condenó a 13 personas en 2015, 17 en 2016 y 6 en el primer semestre del 2017, según las estadísticas de la Fiscalía General de la República.

Fotografía tomada de Alunasa.