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Descripción de la foto: Fotografía del canciller Manuel Ventura y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Costa Rica responde a reclamo Maduro pidiendo que se restablezca democracia en Venezuela

Mandatario bolivariano amenazó con las más urgentes y crudas medidas diplomáticas a países del Grupo de Lima

El Gobierno de Costa Rica respondió este viernes a la nota de protesta que envió el presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que amenazó con "las más urgentes y crudas medidas diplomáticas" a los países que suscribieron una declaración del Grupo de Lima que considera ilegítimo su nuevo mandato.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), en la misiva entregada a su contraparte se pidió que se restablezca la democracia en la nación sudamericana.

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El comunicado circulado la tarde de este viernes también reitera el "respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados".

No obstante, el anuncio no hace mención -pese a que así se le solicitó- a una supuesta rectificación dada a conocer por el canciller venezolano Jorge Arreaza, en cuanto a la postura nacional referente al punto nueve de la declaración del 4 de enero anterior, que reclama a Venezuela la interceptación de una nave de investigación sísmica en territorio de Guyana.

De acuerdo con el diplomático, el país desistió de suscribir ese apartado, que llama a condenar provocaciones o despliegues militares que amenacen la paz y la seguridad de la región. Lo anterior al instar a "Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos".

En la declaración del Grupo de Lima, 13 de los 14 miembros del foro -siendo México la excepción- se comprometieron a desconocer el nuevo mandato de Maduro, que comenzó este jueves. El documento está compuesto por 13 puntos.

Los primeros apartados del texto piden al gobernante transferir el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, al tiempo que recalca que ese órgano sí fue democráticamente electo, a diferencia de la Presidencia.

En el punto 4, la declaración subraya la importancia del respeto de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a partir de ahí aboga por una salida pacífica a la crisis y el restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el respeto de los derechos humanos; así como el compromiso latente de impulsar iniciativas en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Los apartados del 10 al 12 se refieren al impacto del conflicto venezolano en la región, en aspectos como económicos, migratorios y de seguridad, y exhortan al régimen de Maduro a permitir el ingreso de asistencia para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país.

El último punto acuerda revaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela; impedir a los altos funcionarios del régimen la entrada al territorio según lo permitan las legislaciones interna y elaborar listas para prevenir el acceso de esas personas al sistema financiero; restringir entrega de préstamos a ese país; y suspender todas las cooperaciones militares con el régimen de Maduro.

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También insta a las naciones del Grupo de Lima a intensificar contactos con los no miembros para informar sobre la gravedad de la crisis en cuestión y a adoptar medidas semejantes a las acordadas contra el mandatario venezolano.

Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú además pidieron a otros países apoyar la solicitud para que la Corte Penal Internacional (ICC) investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela; al tiempo que solicitaron a la Oficina de la Fiscal de ese órgano avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.