Los partidos políticos no podrán contar con el dinero que les corresponde por la contribución estatal o deuda política para pagar los gastos en los que incurrieron en el proceso electoral sino hasta en enero del año entrante.
Las agrupaciones que se repartirán los ¢18.100 millones de deuda política son aquellas que superen el umbral del 4 por ciento en la elección presidencial o que hayan obtenido al menos un escaño en el Congreso.
Antes de conocer el monto máximo al que tendrá derecho cada partido, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberá concluir el conteo de votos y hacer la declaración final de los resultados, explicó el jefe de Financiamiento de partidos del TSE, Ronald Chacón.
Posterior a la presentación de las liquidaciones de los partidos, el TSE revisará la documentación y tardará alrededor de seis meses para determinar el monto que finalmente se le reconocerá a cada agrupación.
