Espacios laborales llevarán registro público de acosadores sexuales; proyecto espera segundo debate
Los patronos o jerarcas deberán garantizar el libre acceso a un registro público de hostigadores sexuales con sentencias en firme en los últimos diez años, como parte de sus responsabilidades para prevenir conductas de hostigamiento.
27/11/20 | 10:17am
Los patronos o jerarcas de cualquier espacio laboral tendrían que garantizar el acceso público a un registro actualizado de sus trabajadores con sancionados en firme, penales o administrativas, por conductas relacionadas con hostigamiento sexual.
El nuevo registro quedaría normado con una nueva reforma a la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, cuya redacción final recién se aprobó en primer debate el pasado 19 de noviembre.
El registro tendría que resguardar la información de la víctima y únicamente abarcaría sanciones con menos de 10 años de antigüedad, para garantizar también el "derecho al olvido", reconocido internacionalmente.
Según dicta el texto de ley, la información podría "ser consultada por cualquier persona interesada".
El texto adhiere la obligación patronal en su artículo número 5. Este establece que cada encargado laboral tiene distintas "responsabilidades de prevención", entre ellas mantener las condiciones básicas de respeto para quienes trabajan en su empresa o compañía, a través de "una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual".
Específicamente, la ley ordena comunicar sobre la existencia de una política institucional o empresarial contra el hostigamiento sexual, establecer los procedimientos internos para atender denuncias relacionadas y mantener personal con experiencia en la materia de prevención del hostigamiento o suscribir convenios para cumplir con los alcances de la ley.
El proyecto para agregar la cuarta responsabilidad —el registro público de sanciones—se aprobó en primer debate de forma unánime, con el apoyo de 40 legisladores. El segundo debate estaba pactado para este 26 de noviembre; sin embargo, la discusión del presupuesto nacional 2021 impidió llegar a conocerlo.
Esta iniciativa fue propuesta desde el 12 de junio de 2019 por el legislador José María Villalta, del Frente Amplio (FA). En aquel entonces, argumentó que el texto serviría para evitar encubrimientos de acosadores, luego de que medios de comunicación y estudiantes publicaron denuncias sobre experiencias de acoso sexual en centros educativos.
"Nuestra sociedad machista siempre ha querido esconder las conductas de hostigamiento sexual en el ámbito de lo privado, minimizando su gravedad y no más. La necesidad de transparencia es urgente para prevenir nuevas agresiones y resguardar los derechos de las personas que podrían convertirse en nuevas víctimas".
"Los recientes casos denunciados dentro de las universidades públicas demuestran que este no es un problema nuevo, si no que ha quedado ocultado bajo excusas burocráticas que lesionan los derechos de las personas. El máximo interés de las instituciones y centros de trabajo debe ser proteger a las víctimas y prevenir nuevas agresiones", subrayó el diputado en aquel entonces.
Para lograr ese objetivo, el proyecto también indicó que la información relativa a sanciones por hostigamiento será de acceso público, después de la firmeza de las mismas, "incluyendo la identidad de las personas sancionadas".
Para concretar la votación del texto de forma definitiva, la iniciativa ahora tendría que ser convocada por el presidente Carlos Alvarado a partir de diciembre, pues arranca el período de sesiones extraordinarias en las que el Ejecutivo definirá por varios meses la agenda del Congreso.
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