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Diputados de Liberación, PAC y PUSC piden a Sala IV aclarar si plan fiscal necesita 38 votos

​Legisladoras pretenden despejar dudas sobre violación a independencia del Poder Judicial planteado por la Corte

Un total de 28 diputados pidieron este jueves a la Sala Constitucional aclarar si el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas requiere o no de 38 votos para ser aprobado en un segundo debate.

Los firmantes son de los Partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), así como el congresista del Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas y el independiente Eric Rodríguez.

La consulta facultativa de constitucionalidad tiene como finalidad principal que el tribunal despeje las dudas alrededor de cuatro puntos específicos que la Corte Suprema de Justicia objetó al señalar que riñe con la independencia administrativa y económica del Poder Judicial.

Lea: Reforma fiscal aprobada en primer debate.

Una vez analizado este punto, el grupo de legisladores solicitan que "por no tratarse el proyecto consultado de materia relativa a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de modo directo y específico, se aclare que se está ante un asunto no susceptible de consulta perceptiva en virtud de carencia de dudas de constitucionalidad en ese sentido y, en consecuencia, que su aprobación definitiva puede realizarla válidamente la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta de votos presentes según lo dispone el artículo 119 de la Constitución Política".

De esta manera, los diputados buscan sortear la necesidad de contar con 38 votos (mayoría calificada) para poder avanzar con la aprobación final del expediente sin tener que acatar las consideraciones de los magistrados.

El proyecto de ley contó con el respaldo de 35 legisladores contra 22 en primer debate.

Lea: 14 diputados envían plan fiscal a consulta de constitucionalidad.

Los cuatro puntos objetados por la Corte ante una consulta del Congreso tienen que ver con la rectoría en materia de empleo público del Ministerio de Planificación (Mideplan) para con el Poder Judicial; la obligatoriedad de los lineamientos técnicos y metodológicos de la Dirección General de Servicio Civil; la incorporación de las transferencias, destinos y en general el presupuesto asignado por norma constitucional o por leyes específicas (regla fiscal); y restricciones en materia salarial.

Antes de esta consulta de constitucionalidad, 14 diputados que votaron en contra del proyecto de ley también enviaron a análisis el 20.580 en lo referente a ocho aspectos específicos del plan fiscal incluido la posible violación al principio de justicia tributaria al establecer un uno por ciento de impuesto a artículos de la canasta básica.