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Poder Judicial pide cuentas a director del OIJ por usar peritos de caso del cemento para otros fines

Consejo Superior descarta que la solicitud de prórroga de nueve plazas hayan sido rechazadas

El Consejo Superior del Poder Judicial le pidió cuentas al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, por haber usado a los peritos que le había otorgado para el caso del cemento chino en las investigaciones de Yanber y del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

De acuerdo con el integrante del órgano administrativo, Carlos Montero Zúñiga, al jefe de la Policía Judicial se le solicitó que rinda un informe en el que explique la forma en la que se emplearon nueve plazas otorgadas extraordinariamente para atender las pesquisas.

El pedido se realizó el pasado 3 de agosto, en la sesión 69-18 del Consejo.

"Tenemos claro la importancia de la investigación del cemento chino, lo que le pedimos al Organismo es que aclarara para determinar que la solicitud que remiten se contempla dentro de los supuestos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos actuar en contra de la ley, nos tenemos que apegar a la norma legal", indicó el funcionario.

El mencionado artículo establece que "en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales".

Amparado en ello es que el órgano administrativo le concedió a Espinoza las plazas el pasado 8 de mayo, las cuales vencieron el pasado 8 de agosto. No obstante de que el permiso era de conocimiento del director, este no solicitó la prórroga sino hasta una semana antes.

Debido a lo anterior es que la decisión del Consejo para permitir el funcionamiento de las plazas quedó pendiente, a la espera del informe del OIJ. Sin embargo, el lunes en una entrevista con el sitio CRHoy.com, Espinoza señaló el órgano administrativo decidió no prorrogar los permisos para seis peritos especializados.

"Previamente a resolver lo que corresponda respecto a los permisos solicitados dentro del informe código P04-OIJ-18 de la Sección de Delitos Económicos y P05-OIJ-18 de la Sección de Informáticos, deberá el Director General del Organismo de Investigación Judicial de informar a este Consejo el motivo por el cual los permisos que fueron concedidos primeramente para atender el caso del cemento chino, se están utilizando en las investigaciones de otros casos como Infocoop y Yanber, para lo que no fueron solicitadas. Además debe presentar un cronograma detallado con las fechas de finalización, el grado de avance de las investigaciones e indicar cuales plazas se están ocupando en cada caso", establece el acuerdo del Consejo Superior.

El caso del cemento chino es un escándalo de corrupción que salpica a las altas esferas de los Supremos Poderes. En sí, la investigación gira alrededor de una serie de supuestos beneficios que recibió el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente descuenta prisión preventiva. El apoderado de Sinocem Costa Rica recibió una línea de crédito por más de $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR) para la importación de cemento procedente de China.

Yanber, en cambio, es el nombre que llevaba una compañía productora de plásticos para agricultura que pertenecía al también empresario Samuel Yankelewitz Berger, a quien el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) le interpuso una denuncia un presunto fraude de $6 millones y ¢2.172 millones. Le siguieron después el BCR por ¢6.975, el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por ¢1.120 millones; así como el grupo Consultores Financieros (COFIN), cuyos montos defraudados aún no ha sido calculados

Finalmente, la investigación al Infocoop corresponde al aparente otorgamiento de créditos irregulares de fondos públicos. Una auditoría forense dada a conocer por el Gobierno de la República el abril anterior, reveló que la institución perdió ¢44,9 mil millones por malos manejos entre el 2009 y 2016.

Crédito de fotografía: Oficina de prensa del Poder Judicial.