Por recorte de gastos, Ministerio de Justicia frena alquiler millonario de edificio
Arrendamiento forma parte de los denunciados por Solís en informe de los 100 días
29/08/14 | 17:15pm
El Ministerio de Justicia y Paz rescindió un contrato de alquiler por ¢10.400.000 mensuales, que se había firmado dos meses antes de que terminara la administración Chinchilla Miranda (2010-2014). Este es uno los contratos de arrendamiento por montos elevados que denunció este jueves el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en la presentación del informe de los primeros 100 días de Gobierno.
Las oficinas arrendadas, que albergaban al Viceministerio de Paz, estaban en Proyecto Centro de Negocios Sigma, ubicado en San Pedro y propiedad de Plataforma Mercantil S.A.
Según consta en los expedientes de contratación, revisados por AmeliaRueda.com, la rescisión del contrato se autorizó el 8 de agosto anterior, luego de que el Viceministro de Paz, Víctor Barrantes Marín solicitara la finalización del mismo, en atención a las políticas de austeridad y reducción del gasto público, dictadas por el Gobierno de Solís.
Según explicó Barrantes, el monto de alquiler representaba el 15% del presupuesto del Viceministerio, por lo que al asumir el cargo se procedió a terminar el contrato.
El contrato No. 2014-000004-00 originalmente se había firmado por un monto ¢374.400.000 durante un periodo de tres años.
Dicho documento se rescindió aludiendo al interés público, posibilidad que establece la Ley de Contratación Administrativa. En el documento se estableció que "para justificar el interés público es importante tomar en consideración que la doctrina reconoce que las prestaciones deben ser equilibradas, puesto que la Administración financia el contrato con gasto público".
En los expedientes consta que la finalización se dio de forma unilateral, por lo que el gobierno deberá pagar una indemnización a Plataforma Mercantil. El Viceministro de Paz afirmó que este viernes, recibieron la notificación de la empresa y deberán cancelar un 10% del monto del contrato, más timbres fiscales y los costos de elaboración de planos. La cifra final se está calculando pero superará los ¢34 millones.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), fueron las otras dos instituciones que firmaron contratos de alquiler durante el mes de marzo de este año. Ambas entidades también arrendaron oficinas a Plataforma Mercantil S.A, por cinco años. En total, por dicho periodo deben pagar un total de $7,8 millones.